El defensor adjunto del Pueblo, Carlos Galoppo, y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, firmaron un acuerdo interinstitucional para el desarrollo e implementación de planes, programas y actividades relacionadas a la promoción de los derechos humanos, inclusión social, género y medioambiente, entre otros. 

Desde la Defensoría informaron que para ello se articularán acciones entre los equipos con la idea de impulsar la modernización y mejora continua de las capacidades operativas. Esto prevé asistencia recíproca, diseño estratégico, ejecución y promoción de políticas públicas.  

Galoppo expresó que el convenio tiene entre sus fines desarrollar "una serie de actividades a través de una visión compartida sobre cómo debería ser la provincia en el futuro”. 

“Vamos a trabajar en nuestro programa de inclusión social para promover una mayor igualdad y equidad en la provincia, además realizaremos acciones en base a la problemática del medio ambiente alineados con la Agenda 2030; continuaremos impulsando procesos de mediación comunitaria para mejorar la convivencia social y sobre todo, avanzaremos con un objetivo claro: mejorar la calidad de vida para los vecinos y vecinas de Córdoba", agregó.

Ejes

En relación con la inclusión social, el convenio apunta a fomentar la igualdad de oportunidades y garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, educación e inclusión laboral, con especial atención a los grupos más vulnerables.

En materia ambiental, ambos funcionarios coincidieron en la importancia de implementar programas de formación integral en desarrollo sostenible, siguiendo los lineamientos de la Agenda 2030.

Otro de los puntos destacados es la promoción de la mediación comunitaria, una herramienta que busca generar espacios de diálogo participativo dentro de las comunidades, fortaleciendo la cohesión social y favoreciendo la resolución pacífica de conflictos.

Finalmente, el acuerdo incluye el compromiso de desarrollar campañas de difusión para informar sobre los mecanismos de protección de derechos e intereses ciudadanos, contribuyendo así al fortalecimiento de las garantías sociales en la provincia de Córdoba.