Este viernes la Justicia cordobesa resolvió declarar la quiebra de la empresa MRQZPABAR Desarrollos S.A., una desarrollista que operaba bajo la marca Márquez & Asociados. 

La sociedad de los hermanos Matías, Ariel, Juan Pablo y Lucas Márquez, negociaba el pago y construcción de una vivienda, en cuyos casos hubo respuestas disímiles: desde que no se haya hecho nada, algo parcial o que aun estaban pagando para que esa obra inicie. 

En los últimos años se habían acumulado múltiples conflictos legales y reclamos por parte de damnificados, incluso hay una investigación penal por el presunto delito de asociación ilícita y estafa. En ese contexto están detenidos los hermanos y el contador Ramiro Nieva. 

La medida de la quiebra fue dictada por el juez Sergio Gabriel Ruiz, titular del Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Córdoba.

La resolución se originó a partir del pedido de un acreedor que reclamó el cobro de honorarios profesionales regulados judicialmente y que, pese a contar con sentencias firmes, no logró ejecutar la deuda por falta de activos embargables.

El Tribunal sostuvo que se configuraban todos los requisitos legales para abrir el proceso falencial: un crédito cierto y exigible, imposibilidad de cobro a través de la vía individual y la constatación de una cesación de pagos generalizada por parte de la firma.

Fundamentos

En su fallo, el juez hizo hincapié en que la empresa acumulaba múltiples incumplimientos contractuales con sus clientes, a quienes había prometido viviendas que nunca fueron entregadas ni reembolsadas. Se contabilizan al menos 56 juicios civiles iniciados en 2024, a los que se suman 26 más en lo que va de 2025, muchos con sentencias firmes en contra de la firma.

Además, se detectaron graves atrasos en el pago de salarios y aportes a la seguridad social, situación que se habría extendido desde mayo de 2024. Informes oficiales dan cuenta de una millonaria mora en cargas sociales y de la emisión de cheques sin fondos, lo que para la justicia configura un estado objetivo de insolvencia.

En el fuero penal, el caso también tiene derivaciones sensibles: más de 20 denuncias por estafa y asociación ilícita fueron presentadas ante la Fiscalía de Delitos Complejos. La investigación apuntaría a posibles maniobras de desvío de fondos, captación de nuevos clientes pese a la insolvencia, y utilización de empresas vinculadas en otros rubros.

Clausura de oficinas y ausencia de directivos

El 1 de abril de este año se dispuso la clausura de la sede central de la firma, se produjeron distintas manifestaciones de personas damnificadas que reclamaban por sus viviendas. Desde entonces, la empresa dejó de atender al público, lo que fue interpretado por el Tribunal como una conducta evasiva frente a sus acreedores.

También se mencionó la inactividad de los responsables de la empresa, quienes no han dado respuestas públicas ni se presentaron ante el Tribunal tras ser notificados del pedido de quiebra. Esto fue interpretado como una forma de “ocultamiento o ausencia”, agravando la incertidumbre sobre el paradero de los bienes y fondos de la compañía. 

Protesta frente a Tribunales

El mismo viernes en que se conoció la sentencia, decenas de damnificados se manifestaron frente a Tribunales 2 de Córdoba, exigiendo justicia por las viviendas no entregadas y los contratos incumplidos. 

Según datos oficiales, ya se han registrado más de 3.500 denuncias en la página del Poder Judicial. La empresa habría firmado más de 30.000 contratos, pero apenas entregó unas 2.500 viviendas, lo que representa menos del 10% de lo prometido.

Los testimonios de los damnificados reflejan demoras injustificadas y la falta de respuestas por parte de la constructora. “Atrás de esto hay un millón de historias. Me dijeron que en dos años de pagar iba a tener la casa. Cuando pasó el tiempo, empezaron con que tenían que esperar estudios de suelo, los planos municipales y otras excusas”, relató Paola, una de las afectadas, en diálogo con Canal 10 de Córdoba.