En un veredicto de gran relevancia, el Tribunal Oral Federal N° 1 declaró la nulidad de la intervención judicial a la empresa Mackentor de 1977 y de todos los actos posteriores, un pronunciamiento que revierte acciones que en su momento beneficiaron directamente al grupo empresarial de la familia Macri, particularmente a través de Supercemento, en el marco de la última dictadura cívico-militar.

Según informó el medio Enredaccion, la compañía Mackentor, una potente constructora de la época, fue usurpada y vaciada con la concurrencia de militares del III Cuerpo de Ejército y de la propia Justicia Federal en 1977. El principal beneficiario de esta acción del Terrorismo de Estado fue el grupo Supercemento, cuyos accionistas en aquel momento incluían a Franco Macri, Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni.

Supercemento se quedó con una fábrica de caños perteneciente a Mackentor y con la obra del Segundo Acueducto Villa María-San Francisco, una de las principales obras públicas de la época. Ahora, el Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF N°1) declaró por unanimidad la nulidad de la intervención judicial de Mackentor, dispuesta el 2 de mayo de 1977, al vincularla con el delito de usurpación calificado como crimen de lesa humanidad. Este fallo desmantela las bases de aquellas adquisiciones y revierte las acciones que consolidaron los beneficios de la usurpación.

La presidenta del Tribunal, Carolina Prado, junto a los jueces Cristina Giordano y Facundo Zapiola, leyeron el fallo en poco más de un minuto. La decisión, que llega tras 48 años de impunidad, fue recibida con sorpresa y emoción por los familiares de las víctimas, quienes vieron a sus seres queridos -accionistas y empleados de la constructora- fallecer sin haber obtenido justicia.

El Tribunal también dispuso la nulidad de la rescisión contractual de la obra del segundo acueducto San Francisco-Villa María, dispuesta por Obras Sanitarias de la Nación en 1977, y su readjudicación a la empresa Supercemento en 1978. Asimismo, se anuló la venta de fábricas de tubos de alta presión de Mackentor a Supercemento. 

Además, se declararon nulas las actuaciones judiciales posteriores de Mackentor contra el Estado Nacional por daños y perjuicios, y un pedido de quiebra. Las costas del presente incidente fueron impuestas a la parte vencida.

Aunque los fundamentos del fallo se publicarán en los próximos cinco días hábiles, se anticipa que es una resolución de gran trascendencia y valentía, ya que por primera vez en un expediente judicial se determina la vinculación entre militares, civiles cómplices y el poder económico durante la dictadura cívico-militar de 1976. Además, sugiere que este accionar fue protegido por jueces federales desde aquel momento hasta hoy.

Para los jueces del TOF N°1, se comprobó que Mackentor fue usurpada por militares del III Cuerpo de Ejército el 25 de abril de 1977, y que la intervención judicial dispuesta el 2 de mayo del mismo año por el entonces juez federal Adolfo Zamboni Ledesma se encuentra “vinculada” con el “crimen de lesa humanidad”. Esto implica que la usurpación y la intervención judicial fueron parte del mismo acto, lo que invalida una serie de sucesos y resoluciones judiciales posteriores. Un próximo paso judicial deberá determinar la “extensión” de los daños a reparar a las víctimas.

Las nulidades habían sido solicitadas el pasado 18 de junio por los abogados de las víctimas, Juan Carlos Vega y Eduardo Barcesat, y por el fiscal federal Facundo Trotta. En esa audiencia, el Estado nacional no compareció, y este martes sus representantes legales tampoco estuvieron presentes.

Mackentor fue ocupada por militares el 25 de abril de 1977 bajo la excusa de financiar una organización guerrillera, secuestrando a directivos y empleados, aunque nunca se pudo probar vinculación alguna con organizaciones armadas.

Esta nueva etapa judicial se cierra ahora con el veredicto del TOF N°1, y surgió de una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, basada en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La CSJ había declarado la nulidad de la sentencia dictada por el TOF N°1 (en su anterior composición) en la Megacausa de La Perla, en los puntos referidos a Mackentor, y había dispuesto una nueva resolución para determinar si la intervención judicial de la empresa había sido legítima o inválida. El fallo de este 1 de julio indica que las juezas Prado y Giordano y el juez Zapiola consideraron que se terminó el tiempo de proteger el accionar de empresarios y del sistema judicial en este caso.