El Ministerio Público Fiscal de Córdoba (MPF) estima que alrededor de 27.500 personas podrían haber sido perjudicadas por la empresa Márquez y Asociados, en lo que se perfila como una de las mayores investigaciones por estafa en la historia reciente del país. La cifra surge de las denuncias digitales presentadas hasta abril de 2025, que ya superan las 1.400 y se concentran en las provincias de Córdoba, San Luis, Santa Fe, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Neuquén.

La causa penal está a cargo del fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, quien imputó a los hermanos Márquez y a su contador por estafa y asociación ilícita, y ordenó su prisión preventiva. Ante la magnitud del caso, la Justicia habilitó por primera vez un formulario online para canalizar las denuncias de las personas afectadas.

Según el MPF, la empresa firmó 30.000 nuevos contratos pero solo entregó 2500 vivienda, dejando un tendal de 27.500 afectadas. 

Desde 2013, la firma ofrecía planes de construcción “llave en mano” para familias de clase media, con opciones de terrenos propios o provistos por la empresa. Según los damnificados, muchos de esos proyectos nunca se concretaron, pese a haber abonado sumas que llegaban hasta los 55.000 dólares. Las acusaciones apuntan a un posible esquema piramidal, donde los fondos eran desviados a negocios paralelos, sin garantizar la construcción de las viviendas prometidas.

En San Francisco

El abogado Emiliano Oyola, quien representa a víctimas y también fue afectado personalmente, calificó el expediente como una “megaestafa histórica” por la escala de perjudicados, la gravedad de los hechos y las imputaciones judiciales: “Esto no es común. No cualquier causa lleva ese tipo de calificación. Es una estafa de proporciones gigantescas”, expresó en Córdoba Noticias, por Canal C.

Si bien el proceso penal ya avanzó, Oyola remarcó que ahora es momento de enfocarse en los reclamos civiles: “Es necesario que cada persona damnificada acuda a su abogado de confianza (…) No se puede seguir esperando”, señaló.

En San Francisco, el impacto de la causa es especialmente fuerte. Oyola denunció que la empresa tenía bajo su control entre el 70% y el 80% de las viviendas en construcción, que estimó en decenas de personas muchas de las cuales quedaron paralizadas o ni siquiera comenzaron. “Muchas quedaron solo en los cimientos, otras ni siquiera comenzaron”, afirmó.

Además, alertó sobre una nueva maniobra que afecta a víctimas de esa ciudad: “Grupos de personas están siendo contactadas nuevamente por supuestos abogados que prometen acelerar el cobro a cambio de sumas anticipadas”. Y advirtió: “Eso no está bien hecho. El resultado lo decide el juez”.

Otro de los abogados querellantes, Rubén Sánchez Quinteros, sostuvo que los contratos de la empresa contenían cláusulas abusivas y fechas de inicio de obra que nunca se cumplían. En muchos casos, se exigían pagos sin garantizar el avance real de las construcciones. A esto se suma el accionar de una empresa satélite vinculada a Márquez, que también emitía facturaciones.

Mientras tanto, continúan sumándose nuevos denunciantes desde distintas localidades del país, en una causa que sigue revelando consecuencias económicas, emocionales y sociales entre quienes depositaron su confianza y sus ahorros en la desarrollista.