Este lunes por la mañana, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó oficialmente 600 nuevas motocicletas para la Policía de la Provincia, en el marco de una estrategia centrada en la prevención y respuesta ante delitos cometidos bajo la modalidad de motochorros.

Durante el anuncio, Llaryora señaló que esta medida forma parte de un cambio de paradigma en materia de seguridad, que incluye, entre otros puntos, un plan que asigna un comisario y un fiscal por distrito para fortalecer el trabajo territorial. “Lo que hemos decidido de que un fiscal con un comisario se haga cargo de un distrito permitirá que los vecinos y las instituciones sepan con quién hablar”, explicó.

Según detallaron fuentes oficiales, 400 de las motocicletas, de 300 centímetros cúbicos, estarán destinadas a tareas de patrullaje preventivo, tanto en la ciudad de Córdoba como en distintas localidades del interior provincial. Otras 140 unidades se integrarán al grupo Servicios Especiales en Operaciones Motorizadas (Seom), mientras que 60 motos de 650 cc serán entregadas a la Policía Caminera, para tareas en rutas y autopistas.

Llaryora remarcó que la inversión fue de 10 mil millones de pesos y se suma a la entrega previa de armamento, tecnología y otras herramientas logísticas: “Tenemos que dotar de infraestructura para darle combate al delito como venimos haciendo”.

“Penas más graves”

Además de la incorporación de equipamiento, el mandatario pidió avanzar con reformas legales para endurecer las penas contra quienes cometen delitos en moto. “A mí me parece que nosotros ya estamos trabajando claramente en cambiar el paradigma, porque el delito ha mutado a las motos, y creo que hay que endurecer las penas también”, expresó en diálogo con el programa El Show del Lagarto, por El Doce.

En ese sentido, sostuvo: “Hay que poner penas más graves para los que utilizan la moto en este sentido, como los típicos motochorros, que aparte se ha elevado mucho la agresividad (…) Entonces no puede ser un delito común, tiene que ser un delito totalmente agravado”.

Consultado sobre medidas restrictivas como prohibir la circulación en moto con acompañante en determinados horarios, indicó que “no descarta esa situación”, aunque consideró que debería evaluarse en el marco de políticas de alcance nacional: “Me parece que no hay que tomar medidas aisladas, sino que tienen que ser medidas en todos los sentidos”.

Llaryora también propuso agravar las penas para los civiles que atenten contra efectivos policiales, especialmente en operativos de control. “Hay que agravar las penas también para ese tipo de delitos”, dijo, en relación con situaciones en las que agentes resultaron atropellados o lesionados por personas que evadían controles.

Finalmente, planteó que recuperar la autoridad policial es fundamental para garantizar el orden público: “Tenemos que retomar la autoridad, por eso pido que se amplíen las penas (…) A los policías hay que cuidarlos porque sino pierden autoridad y si pierden autoridad no podemos pedirles que combatan el delito”.