El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a dos mujeres —madre e hija— por el delito de tenencia simple de estupefacientes, tras un procedimiento realizado en agosto de 2023 en la ciudad de Frontera. El fallo fue dictado este martes a partir de una investigación iniciada por una denuncia anónima recibida por la Policía Federal Argentina.

Las condenadas, de apellidos Signorile (60) y Ayala (21), habían sido detenidas el 23 de agosto de 2023 durante un allanamiento en su domicilio, donde se encontraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares.

Cómo se desarrolló la investigación

El expediente se abrió el 14 de febrero de 2023, cuando la División Antidrogas San Francisco recibió información sobre la presunta venta de drogas en un domicilio de Calles 50 y 7 de Frontera. La denuncia señalaba a un hombre y su entorno familiar.

La investigación permitió localizar otro domicilio que fue objeto de tareas de vigilancia. Allí, personal policial observó maniobras compatibles con el narcomenudeo. Con autorización judicial, se realizó el allanamiento que derivó en la detención de las mujeres, y el secuestro de las sustancias mencionadas.

Juicio abreviado y condena

Las imputadas prestaron declaración indagatoria en septiembre de 2023, siendo procesadas inicialmente por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. No obstante, en el marco de un juicio abreviado solicitado por la fiscalía, se reformuló la acusación bajo la figura de tenencia simple (artículo 14, primer párrafo, de la ley 23.737).

El juez Luciano Homero Lauria, quien actuó de manera unipersonal, homologó el acuerdo y dictó dos años de prisión en suspenso para ambas mujeres. También se les impuso una multa a cada una y el cumplimiento de reglas de conducta durante el mismo período, entre ellas fijar domicilio, no ausentarse sin autorización judicial y abstenerse de consumir drogas o vincularse con personas relacionadas al narcotráfico.

Otras medidas del fallo

El tribunal ordenó además:

  • La destrucción del material estupefaciente secuestrado en acto público.
  • La devolución del dinero incautado, retenido como garantía, y de los teléfonos móviles.
  • El pago de costas procesales.
  • La eventual destrucción de los elementos no retirados en un plazo de tres meses.

La resolución también difiere la regulación de los honorarios del defensor hasta que se complete el procedimiento administrativo correspondiente.