El vínculo del exintendente de Villa María Eduardo Accastello con los 290 mil dólares hallados en una caja de seguridad de Cordubensis (CBI) parece ser bastante íntimo, según la información publicada hoy por el diario cordobés La Voz del Interior.

Entre los números de teléfono que manejaban los responsables de la financiera, está indicado para “llamar” el celular de la entonces secretaria de Economía y Finanzas de ese municipio, Verónica Navarro. Pero lo más significativo es que ella es su actual pareja, tal como él mismo la presentó en recientes eventos públicos.


Sin respuesta

En el informe de la semana anterior publicado por La Voz del Interior se consignó que Accastello se había comunicado con esta Redacción para pedir que esa nota no fuera publicada hasta su regreso al país, lo que se habría concretado el martes último.

También se indicó que, como estaba de vacaciones, concurriría a brindar sus explicaciones cuando llegara a Córdoba, posiblemente el jueves.

En aquel informe, se incluyó el descargo que 
hizo su abogado Edgard Bernaus, quien deslindó responsabilidades y sostuvo que el dinero no le pertenecía más que a Boldú.

El caso

La caja de seguridad en cuyo interior fueron hallados 290 mil dólares es uno de los “saldos” que la megacausa Cordubensis (CBI) tiene reservados entre sus capítulos más resonantes.

Tras la intervención del cofre por parte del fiscal federal Enrique Senestrari, se determinó que el depósito era compartido por el exintendente de Laguna Larga Fernando Boldú y el reciente candidato a gobernador (Córdoba Podemos) Eduardo Accastello.

Con el recibo 1970, la Caja 49F de Cordubensis (CBI) tiene como titular a Boldú y como autorizado, con firma registrada, a Accastello.

Los dólares se atesoraban en 29 fajos de 10 mil dólares cada uno, con la particularidad de que todos tenían numeración correlativa. La explicación que surge es que los billetes no tuvieron circulación y procedían de una entidad financiera.

La intervención de Senestrari fue en agosto de 2014, el año en que se produjo la debacle de CBI. Pero, a poco de conocer su contenido –y acaso de quiénes eran sus responsables–, el fiscal se sacó el peso de encima y entregó los dólares al Juzgado N° 1, de Ricardo Bustos Fierro.

El movimiento de la causa no registró mayor avance ni trascendencia pública. Sólo se verifica el incidente o “Legajo 51”, en el que el fiscal se ocupa de Boldú y Accastello, quienes no están imputados.

En lo público, el incidente no cobró trascendencia hasta que comenzó a actuar la Justicia provincial, más precisamente el juez Domingo Saúl Silvestre, a cargo de la quiebra de CBI.

Fuente: La Voz del Interior / Francisco Panero.