La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Carlos Gonella, inició una investigación para averiguar el contenido y tipo de información que personas, empresas y bancos tenían en el depósito de la empresa Iron Mountain, que se incendió el pasado 5 de febrero en el barrio porteño de Barracas.

La pesquisa se inició luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) remitiera a la Procuración General de la Nación información detallada sobre el supuesto material archivado en el depósito, en el cual figuran, entre varios clientes, bancos denunciados por lavado de activos.

En base a esto se le dio intervención a la Procelac, cuyo titular dispuso que un equipo técnico se ponga a disposición de la Fiscalía Nacional de Instrucción N° 37, a cargo de Marcela Sánchez, quien tiene a cargo la investigación por el incendio que produjo la muerte de diez personas durante las tareas de rescate y dejó a otras siete heridas luego de que se derrumbara una pared.

Por otro lado, se logró constatar en el expediente remitido por la CNV que varias empresas que guardaban sus archivos en el depósito incendiado se encuentran investigadas penalmente por lavado de activos, evasión tributaria, defraudaciones, entre otros delitos.

Desde la Procelac indicaron que la pesquisa se orienta a identificar a todas las personas físicas y jurídicas que utilizaban los servicios de Iron Mountain para "determinar si también se destruyó material vinculado a las investigaciones en curso".