Lo que a priori para el común de la sociedad parecía imposible, se transformó en una realidad. Una proeza en el marco de un sistema judicial que muchas veces construye una imagen alejada de los intereses de gran parte de la comunidad. El reciente fallo dejó una sensación especial para muchas personas, que apenas comunicada la noticia, se expresaron con sorpresa en las redes: “Por fin se hizo justicia”.

Es que no la tenía nada fácil este empleado metalúrgico en una batalla judicial contra una entidad bancaria, sabiendo del poder, recursos y estructura con la que cuentan.

Todo indica que este no fue un fallo más. Tiene muchos condimentos. Desde sentar precedente para miles de víctimas de “ciberdelincuentes” que durante la pandemia se vieron afectados con el robo de identidad y de dinero, ahora con la sensación de que cualquiera puede tener derecho a defenderse en la Justicia terrenal con un buen asesoramiento y un juez que ponga el foco en la falta de seguridad y responsabilidad de los bancos en las estafas a ciudadanos.

Hasta los propios actores judiciales, desde el silencio, reconocen que este tipo de fallos los acercan al común de la gente y abre las puertas a que disminuya esa desconfianza de miles en recurrir a reclamar por sus derechos.

Al mismo tiempo, vale remarcar que esta resolución judicial no fue un regalo ni un privilegio para el joven Urquía, sino un acto de justicia. Como la misma sentencia lo expone, los bancos tienen que hacerse responsable de no contar con medidas de seguridad adecuadas y en muchos casos no accionar con los recursos posibles para evitar este tipo de estafas.

Literalmente las entidades bancarias le abrieron las puertas virtuales a ladrones que hicieron lo que quisieron a sabiendas de las maniobras que podían ocurrir ante el acceso a créditos con solo unos pocos pasos digitales. Incluso, notando movimientos extraños con sumas poco habituales por parte de sus clientes (manejadas por estafadores), así y todo no accionaron para evitar los fraudes.

Tan floja fue la seguridad y responsabilidad de los bancos en el marco de la pandemia, que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) los obligó en julio de 2021 a tomar medidas de seguridad más fuertes para evitar estafas con créditos ante el aumento de los casos. Resolvió, además, que deben realizar mayores controles cuando otorguen préstamos a través de canales electrónicos.

Es probable que a partir de ahora muchas entidades bancarias sean condenadas por la Justicia o se deberán hacer cargo de sus errores, a partir de cientos de demandas judiciales de los clientes que fueron damnificados.

De acuerdo a lo que explican especialistas en derecho al consumidor, de aquí en más las resoluciones judiciales apuntarán hacia esas decisiones. Pero el primer paso fue en nuestra ciudad, el día que un obrero metalúrgico le ganó la batalla judicial a un banco.