Caso Saire: que las malas prácticas policiales se erradiquen de una vez
ANÁLISIS. La sucesión de estos casos graves a lo largo y ancho del país debe ser un llamado de atención sobre la persistencia de altos niveles de violencia estatal. Que no quede solo en una condena.
La mala práctica policial ocurrida esa madrugada del 16 de febrero de 2019 afortunadamente no quedó impune gracias al valor de Fernando Saire, la víctima de una brutal golpiza por parte de los efectivos Diego Lencinas y Gerardo Stefani, ya que se atrevió a denunciar el terrible hecho.
¿Cómo puede pasar que alguien vaya a hacer una denuncia a la jefatura policial termine no solo detenido, sino además golpeado y sufriendo lesiones graves? A Fernando debieron extirparle un testículo que en palabras del médico que lo operó y declaró en el juicio “estaba roto”.
La institución policial está para proteger a los ciudadanos, no para patotearlos en abuso de su poder, y por eso la condena es un mensaje importante: estos hechos tienen consecuencias y no puede ser que quienes tengan que cuidarnos ante una denuncia nos terminen golpeando. Quienes no lo entiendan, no pueden ejercer una función con esta responsabilidad.
Durante los tres días de audiencia, tanto los policías condenados a cuatro años de prisión efectiva –seguirán libres hasta que la condena quede firme- como aquellos uniformados o allegados a la institución policial, intentaron dar vuelta la versión del denunciante, endilgándole conductas violentas.
Según Stefani y Lencinas, Saire fue más víctima de muebles y escritorios de las oficinas del edificio de Libertad y Libertador Sur que de sus propios puños y puntinazos. Solo hablaron de forcejeos y caídas durante el juicio.
En sus alegatos, la fiscal de Cámara, Consuelo Aliaga, se refirió a este punto: “No sé que tantos golpes se autopropinaba Saire con los escritorios en el hall donde sí había espacio, lo que sí se vislumbra es una resistencia pasiva y verbalmente activa, pero no hay indicio alguno de que Fernando golpeó o insultó al personal policial”.
Aliaga señaló que las declaraciones de los policías fueron “exculpatorias” y que siempre hablaron de que el inicio del ataque había sido un “codazo”, primero, y luego un “roce brusco”, versiones que consideró inverosímiles.
El abogado querellante, Santiago Ruiz, fue más allá y habló de encubrimiento por parte de otros policías. Por ejemplo, habló del testimonio de la policía Cintia Agüero –quien iba a tomar la denuncia esa noche- quien fue la que instaló la versión de un “codazo” de parte Saire a Lencinas: “El testimonio fue coordinado para encubrirlo”, remarcó y solicitó que se la investigue por falso testimonio.
Malas prácticas
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en relación al caso de Lucas González (ejecutado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires) alertó en los últimos días sobre el peligro de que los policías armen su relato para ocultar sus malas conductas.
Paula Litvachky, abogada del CELS, indicó que esta es una práctica reiterada de “encubrimiento policial a partir de la versión de la policía, que lleva a que se investigue a las víctimas y no a los responsables…”.
La abogada aseguró que siguen vigentes y son reiteradas de parte de la policía “prácticas de persecución y verdugueos hacia jóvenes que viven en los barrios populares”, por ejemplo, y que es necesario ponerle freno. De lo contrario se llega límites extremos como en el caso de Lucas o el de Blas Correas en la ciudad de Córdoba, también asesinado por uniformados.
Criterios de formación
La sucesión de estos casos graves a lo largo y ancho del país debe ser un llamado de atención sobre la persistencia de altos niveles de violencia estatal.
El CELS reconoce que en muchos de estos casos los poderes ejecutivos separaron a los efectivos sospechados y las investigaciones judiciales avanzan.
Sin embargo, existe la necesidad de replantear sustancialmente los criterios de formación de los policías. También debe haber un replanteo puertas adentro de la Departamental San Justo ante lo ocurrido.
Claro que hay efectivos que honran su uniforme y cumplen su tarea correctamente y eso hay que subrayarlo. Pero lo que no puede permitirse más es que existan otros que lo manchen y vivan en la impunidad que les otorga una placa o un arma.
Para que haya cambios, claro, se necesita un compromiso político del gobierno nacional y de los gobernadores para impulsar estas reformas de fondo que transformen las prácticas policiales en Córdoba y en todo el país.
Fernando Saire pudo contar lo sufrido y afortunadamente su relato resultó verosímil para la Justicia, primando sobre el de los acusados y también el de quienes intentaron justificarlos. Que esta condena sirva para algo.
