Buscan agilizar las donaciones de órganos que requieren autorización judicial

Más información 16 de mayo de 2019
Son el 40 por ciento de las ablaciones. Se da cuando la persona a la que pertenecían los órganos murió de manera violenta. Quieren eliminar todas las trabas que quiten celeridad al proceso.
organos
Clave en todo el proceso de trasplante de órganos, que algunas veces involucra hasta traslados aéreos.

La palabra “vértigo” puede ayudar a definir uno de los principales desafíos para concretar un proceso de ablación y trasplante: la celeridad.

La ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 27.447, conocida popularmente como “ley Justina” agilizó una instancia sensible, al evitar que sea la familia –impactada por la pérdida de su ser querido– la que tome la decisión de que la persona con muerte encefálica done órganos.

Por lo establecido en la norma, todos los argentinos mayores de edad son donantes, salvo quienes hayan dejado constancia expresa de su rechazo a través de un sencillo trámite que se efectúa por internet en el sitio del Incucai.

Pero hay aproximadamente un 40 por ciento de los trasplantes con donante cadavérico que involucran la autorización judicial, como consecuencia de que la persona llegó a la muerte encefálica por circunstancias violentas, como accidentes o agresiones.

Proceso

Una vez que se ha determinado que el estado de muerte encefálica de una persona como desenlace de una situación violenta es irreversible, los médicos procuradores del Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (Ecodaic, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la provincia y jurisdiccional del Incucai) se comunican con el juez penal para informar que hay una ablación posible. Previamente –tras la circunstancia violenta que había derivado en la internación del potencial donante– un fiscal debió iniciar las acciones penales, que incluyan, por caso, la identificación de la persona.

Ante la información del Ecodaic, el juez penal envía un perito médico forense, quien debe dar cuenta de que la extirpación del órgano o tejido no afectará la posterior autopsia.

Es por ello que todos los agentes intervinientes –desde los policías que actúan cuando se produce el hecho violento, hasta el juez penal, pasando por los médicos y fiscales– deben estar conscientes de la urgencia requerida para que el trasplante posterior sea exitoso.

“Nosotros debemos optimizar todo el trámite para que, a la brevedad posible, se efectúe la ablación”, señala la jueza penal Cristina Giordano, coorganizadora de una actividad de capacitación sobre el tema para médicos, personal judicial y público en general que se hará hoy de 14.30 a 16.30 en Tribunales 1 (Duarte Quirós 550, segundo piso).

El encuentro es el tercero que se realiza y, según Giordano, con ellos también se busca contribuir a “crear lazos de coordinación entre los distintos actores del proceso en el trámite de ablación”.

“Se pretende trabajar en estos protocolos de actuación para que los procesos se agilicen un poco más”, indica, por su parte, el director Ejecutivo del Ecodaic, Marcial Angós.

“Desde que nosotros detectamos un potencial donante, hasta que se realiza la cirugía de extracción de órganos, aproximadamente pasan 24 horas”, describe Angós. De ese periodo, unas dos horas son las que se requiere para llegar a la autorización del juez penal.

“Para nosotros, el desafío es que la parte de nuestro trámite esté aceitado, para eso necesitamos información y sensibilización”, agrega Giordano.

Otros casos en los que se precisa aprobación

Otros casos en los que se necesita aprobación son, por ejemplo, los trasplantes con donantes vivos no previstos en la ley.

También requiere intervención judicial el trasplante de órganos con donante vivo (la mayoría son renales) cuando los involucrados no tienen una relación familiar de hasta cuarto grado ni puedan probar vínculo conyugal o de pareja.

“En Argentina, aproximadamente se realizan todos los años 400 trasplantes con donante vivo”, explica el director Ejecutivo del Ecodaic, Marcial Angós.

Los límites de la ley responden a que se busca garantizar que la donación es un acto altruista y que no media una recompensa económica, así se ha logrado prevenir el tráfico de órganos en la argentina, algo que no sucede en otros países de la región.

La jueza Clara María Cordeiro explica que, cuando no hay un vínculo familiar, conyugal o de pareja acreditado, la donación en vida requiere la realización de una audiencia con todas las partes involucradas. En la instancia deben presentarse, además del donante y el receptor, fiscal interviniente, asesores letrados y equipos técnicos que participarán en el procedimiento de trasplante de órganos.

“Todo debe realizarse en plazos breves”, señala Cordeiro, “porque hay una situación delicada, de salud, que implica una urgencia”. Agrega que existe un fuerte impulso por parte de la Justicia provincial para acelerar procesos y cumplir las metas de plazos.

La jornada de capacitación que se realizará hoy también busca que personal judicial, médicos y público en general tomen conciencia “de la necesidad de conocer el trámite para agilizar y conocer todas las disposiciones y acordadas del Tribunal Superior de Justicia, herramientas que tenemos para dar una pronta respuesta”, completó Cordeiro.

Siempre apremiante

Las cifras de una alternativa terapéutica vital.

7.497 personas están en lista de espera de trasplante de órganos en el país. Además, hay 2.483 que esperan el trasplante de tejidos.

731 son los cordobeses que están en esa lista de espera. Asimismo, hay 82 personas que aguardan el trasplante de tejidos.

Fuente: La Voz del Interior

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