El Gobierno envió al Congreso la ley contra los barrabravas: tendrá debate exprés

Más información 28 de noviembre de 2018
El gobierno de Cambiemos ya había presentado la iniciativa en 2016, pero como no fue tenida en cuenta por el Senado perdió estado parlamentario.
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El Gobierno nacional remitió esta tarde el proyecto de ley que aumenta los castigos a los barrabravas y que tendrá tratamiento exprés en el Congreso en diciembre, durante las sesiones extraordinarias que el presidente Macri abrirá por decreto en las próximas horas.

La iniciativa, titulada Régimen Penal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos, integrará el temario de extraordinarias junto con el aumento en Bienes Personales y una rebaja impositiva para las cooperativas, entre otros asuntos, se debatirá en comisiones de Diputados el martes y se debatirá en el recinto entre el miércoles y el jueves de la semana que viene.

Macri decidió mandar la ley antiviolentos tras el papelón internacional por la doble suspensión de la final River-Boca de la copa Libertadores en el Monumental, tras el ataque al micro que trasladaba al equipo xeneize.

El gobierno de Cambiemos ya había presentado la iniciativa en 2016, pero como no fue tenida en cuenta por el Senado perdió estado parlamentario.

El presentado este miércoles es un texto parecido pero adaptado al anteproyecto de Código Penal que se debatirá el año próximo en el Congreso.

Detalles

La característica saliente el proyecto propone convertir en delitos conductas que hasta ahora son simples faltas y contravenciones.

La propuesta pone el foco en las conductas en las que intervienen barrabravas y en las que se usan armas o elementos de agresión similares.

Según el Ministerio de Justicia, se busca atacar fuertemente las fuentes de financiación de las barras bravas, porque "algunas conductas que en otros ámbitos podrían parecer menores en el ámbito del fútbol no lo son, ya que son el sustento de la financiación de estas organizaciones criminales".

La iniciativa sigue el modelo de la ley de Flagrancia, "que impide las libertades por teléfono" y establece, por ejemplo, "la audiencia ante el juez dentro de las 48 horas de la detención para decidir sobre la situación procesal".

Fuente: La Voz del Interior. 

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