Reforma previsional: 125 mil cordobeses cobrarán con subas

Local 09 de enero de 2018
Con el haber de enero, a los jubilados con 30 años de aporte se les garantiza el 82 por ciento del salario mínimo. Se trata de un 7,5 por ciento de incremento para 1,3 millones de jubilados en todo el país.
JUBILACIONES
El ajuste por la incidencia del salario SMVM contrasta con la quita que habrá con la nueva fórmula de actualización.

Cuando desde mañana, los jubilados y pensionados de Anses empiecen a cobrar los haberes de enero se pondrá en marcha uno de los puntos del paquete de reforma previsional que, con escándalo, el Congreso convirtió en ley en diciembre pasado.

Será, ahora, el capítulo menos controvertido de aquel paquete: el que dispone que quienes se hayan jubilado con 30 años de aportes genuinos, sin moratoria, cobren el 82 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

No beneficia a los que se retiraron comprando uno o más años de aportes. En enero de 2018 el SMVM subió a 9.500 pesos, por lo que el haber garantizado se elevó a 7.790 pesos. Como la mínima está en 7.246,64, quienes cobren en unos días tendrán una suba de 543,36 pesos, que representa un ajuste del 7,49 por ciento.

En Córdoba, se trata de un universo de 125.198 personas.

Este ítem figurará en el recibo como “suplemento por movilidad” y beneficiará a 1,33 millones de jubilados “puros”, son el 47 por ciento de los que se retiraron sin comprar aportes y el 19 por ciento del universo total.

Discusión abierta

Si bien esta mejora es nueva, las exclusiones “son contrarias al principio de igualdad ante la ley que marca la Constitución”, dice el previsionalista Jorge Gentile.

Este es, entonces, el primer eje de los tres que planteó la reforma de diciembre. El segundo es la posibilidad de que el trabajador decida seguir activo hasta los 70 años (será una extensión voluntaria de 10 años para la mujer y de cinco para el hombre) y el tercero y más controvertido, el cambio de la fórmula de movilidad, que ya no será por una fórmula que siga recaudación previsional y salarios en un 50 y 50, sino que será un Índice de Precios al Consumidor en un 70 por ciento y el 30 restante, salarios (según el Ripte, un indicador que elabora el Ministerio de Trabajo).

“Esto no se parece en nada a una reforma previsional, no toca el cálculo del haber inicial ni modifica nada respecto de las condiciones de jubilarse, es un parche más”, dice Melisa Marín, titular de la sala previsional del Colegio de Abogados de Córdoba.

“La reforma integral va a venir después”, dice en referencia al lapso de tres años que otorgó la Ley de Reparación Histórica para que se discuta una revisión integral del financiamiento del sistema.

Con esta perspectiva, 2018 aparece como un año incógnita. La primera gran duda es si el cambio de movilidad derivará en una catarata de juicios.

“Cuando veamos los pagos de marzo veremos el perjuicio económico a los jubilados, pero aplicar esta fórmula ya los genera”, dice Martín Simonian, asesor de la Federación de Centros de Jubilados. Es probable que haya que esperar un poco más incluso. “Hay cientos de fallos de la Corte Suprema que sostienen que el haber se tiene que mover en proporción a los salarios y si la inflación se aparta del movimiento de los salarios, seguro que habrá un montón de juicios”, agrega Marín.

Y señala una gran incoherencia: a los jubilados que han aceptado la Reparación Histórica, Anses les propuso un cálculo y movilidad de haber que ahora no es el mismo. “Hay que esperar la reglamentación, pero iríamos a una ejecución de acuerdo porque Anses estaría incumpliendo lo que acaba de firmar”, señala.

El previsionalista Fernando Viera comparte esa visión. “Es contradictorio esto con la intención de reducir la litigiosidad. Si bien muchos reclamos pueden no valer la pena, el mayor perjuicio se verá en el futuro, cuando la brecha entre los haberes de los activos sea cada vez mayor a la de los pasivos”, completa.

Si la reforma integral no atiende el principio de progresividad, no duda en que habrá nuevos reclamos judiciales, cuando la Reparación Histórica apostaba, justamente, a reducir la litigiosidad.

¿Será sustentable?

El cambio de la fórmula de movilidad implicará un ahorro fiscal, que los más conservadores sitúan en 60 mil millones de pesos, casi la mitad de la reducción de déficit fiscal que Cambiemos se planteó como meta para 2018.

En marzo, debiera aplicarse una suba del 12,7 por ciento y se pagará 5,7. En junio se pagará entre cinco y seis por ciento, por lo que el grueso del ahorro estará en haber dilatado el pago de “medio aumento” de marzo a junio.

Después, los números se acomodarían porque al haberse afectado la recaudación previsional (por efecto de la reforma tributaria) la ley vieja daría para septiembre un alza que sería inferior a lo que ahora se otorgue, siguiendo la inflación. Pero para el segundo semestre, cualquier proyección es hacer futurología. “Sólo el tiempo dirá si está modificación resultó más beneficiosa o no”, apunta Viera.

La cuestión de fondo, que es la falta de sustentabilidad del sistema, seguirá sin resolverse. En 2019, esa comisión (que integran los ministerios de Hacienda, Trabajo, cámaras empresarias y gremios) deben elevarle propuestas al Congreso, para su debate. Desde Cambiemos insistieron en que ese proyecto de reforma sigue en pie y que se hará dentro de un sistema público, de reparto y solidario.

¿Qué habría que modificar? “El problema no es que hay muchos jubilados, son pocos los activos”, dice Marín.

Los números así lo revelan: hay 6,8 millones de jubilados y pensionados (más 1,1 millones de pensiones no contributivas) y 11,73 millones de trabajadores que aportan. Hay alrededor de cinco millones de cuentapropistas o empleados en “negro”, un núcleo duro del 33 por ciento de la fuerza laboral que se ha convertido en estructural en Argentina.

El blanqueo laboral, que forma parte de un proyecto de reforma que no está claro si podrá avanzar en el Congreso, aspira a formalizar unos 200 mil trabajadores en un año. Lejos está de resolver el problema.

“También podrían revisarse las cotizaciones al sistema de los autónomos y monotributistas. Los monotributistas en la categoría A aportan 384 pesos mensuales para obtener un beneficio de 7.246 pesos. Así no hay sistema que aguante”, dice Viera. Los trabajadores activos aportan el 11 por ciento su salario a la Anses, más el aporte del empleador.

Para 2018, el Estado aportará 956 mil millones de pesos para pagar jubilaciones y pensiones, sin contar otros programas de Anses, como las asignaciones familiares y pensiones no contributivas. Eso representa el 42 por ciento del presupuesto total. Entre semejante aporte y la autosustentabilidad hay un larguísimo trecho.

Impacto nacional: Por distrito

Los distritos con más beneficiarios de esta actualización son Provincia de Buenos Aires, con 530.454 personas y un monto de 275,3 millones de pesos; ciudad de Buenos Aires con 178.732 personas y 92,2 millones de pesos; Santa Fe con 128.730 personas y 66,7 millones de pesos; y Córdoba con 125.198 personas y 65,1 millones de pesos.

Fuente: La Voz del Interior

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