Todavía detenido en la causa por evasión fiscal que investiga la Justicia Federal en San Francisco y la zona, el gerente del Grupo Cooperativo Devoto, Domingo Benso, dará este sábado una entrevista en la que por primera vez dará su versión de los hechos. Será a partir de las 13 y podrá verse a través de este enlace de Multimedio Devoto para el programa "Sábado de todos". A través de TV, se verá en Devoto en Canal 2 y 96 (TV analógica y Dibox). 

Benso permanece detenido en Córdoba en el marco de la causa por presunta “asociación ilícita fiscal” y esta semana le fue negada tanto la excarcelación como el pedido de prisión domiciliaria. 

El pasado miércoles, a través de un escrito dirigido a la Justicia Federal, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Devoto reiteró su postura de que la vinculación de Benso con la causa se debe a un error técnico del entramado de direcciones de internet que la entidad administra como prestadora del servicio. 

En respuesta a un pedido del juez federal Pablo Montesi, la Cooperativa respondió el pasado miércoles 23 de septiembre con una nota y un informe técnico en donde hacen referencia al uso de distintas direcciones IP de internet, según señalaron, consultadas específicamente por el juez. En términos sencillos, la dirección IP es un número asignado a una conexión y dispositivo, que pueden ser de tipo estáticas o dinámicas.  

Direcciones IP

En la presentación detallaron dos cuestiones en respuesta a la Justicia, que investiga la llamada causa de las "facturas truchas". En primer lugar, aseguraron que por las características técnicas del servicio es imposible determinar qué usuario de su servicio de internet utilizó la IP requerida y en el período de tiempo consultado, ya que se trata de IP "dinámicas" que varían cada cierto tiempo y que son compartidas por una gran cantidad de usuarios, sin que puedan identificarse.

En segundo lugar, explicaron que en las oficinas de la Cooperativa utilizan una IP "estática" (que no varía), la cual no tiene vinculación con la causa. "Todas nuestras comunicaciones son ruteadas a través de ella, por lo que de ninguna manera se corresponde con la dirección IP mencionada en la causa", resume el escrito.

La respuesta al pedido del juez, que fuentes de la Cooperativa calificaron como "contundente" para desligar a Benso de la responsabilidad que le atribuyen en la investigación, describió además que la institución devotense presta el servicio de internet a través de un acuerdo con la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC), a quien contrata para obtener la conexión. Y precisó que en los días y horarios requeridos por el juez (en agosto y septiembre de 2018), la dirección IP que investiga estaba asignada de forma aleatoria entre los aproximadamente 1.000 usuarios conectados en ese momento, sin tener, por el contrario, un usuario final determinado.  

Planteo de uno de los abogados

La presentación de la Cooperativa devotense sigue en la misma línea que argumentó el pasado sábado el abogado Ignacio Carranza, uno de los patrocinadores de Benso, quien consideró "insólita" la detención del gerente cooperativo e indicó que "hubo una mala lectura realizada por AFIP" sobre las dirección IP que vincula a la institución.

La causa

Además de 13 detenidos, algunos con prisión domiciliaria, la cantidad de imputados en nuestra región se acerca a los 30. Y si bien todos se encuentran con la misma figura penal, “asociación ilícita fiscal”, las responsabilidades son diferentes según los casos.  

Lo que se trata de corroborar es la existencia una banda organizada para cometer estos delitos impositivos, vinculada a contadores de Córdoba capital y de San Francisco. Entre las metodologías utilizadas se encontraría la apropiación de la clave fiscal de personas sin capacidad contributiva, con el fin de generar las facturas falsas que habrían sido utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes. Además mencionaron la creación de empresas fantasmas, sin capacidad económica ni movimiento bancario, que también se usaban para facturar.

A través de esos tickets apócrifos se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por 430 millones de pesos entre los años 2017 y 2020, según informó AFIP.