El Gobierno nacional denunció ayer que existe complicidad entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y empresarios del transporte de larga distancia para mantener la suspensión del servicio, que entró hoy en su quinto día de paro. La medida de fuerza de los choferes afecta a miles de pasajeros en todo el país.

Por orden del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aplicó ayer multas a 130 empresas.

“No quiero pensar que hay complicidad entre empresarios y algunos dirigentes sindicales para volver al sistema de subsidios”, dijo Randazzo ayer.

Remarcó: “No se entiende que siga el paro de la UTA si el Ministerio de Trabajo y del Interior resolvieron (anteayer) un aumento salarial del 23 por ciento”.

En tanto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sostuvo: “Está claro que la UTA está de acuerdo con el sector empresario y que la situación permite que la patronal se escude en el paro para no otorgar el incremento salarial y además poder presionar al Gobierno para volver a los subsidios”.

En julio pasado, el Gobierno nacional anunció un tope a los millonarios subsidios al sistema de transporte público, con lo que trasladó a las provincias y municipios la responsabilidad de aportar los fondos ante la suba de costos, y también impulsó aumentos de tarifas.

“Lo único que parece es que la UTA hace un doble juego, es decir, un paro sostenido en un lock out empresario”, destacó Tomada, quien definió la medida como irracional e injustificada.

Posición de UTA

En tanto, el titular de la UTA, Roberto Fernández, sostuvo en declaraciones a Télam: “No se puede pretender que el empresario pierda plata”. Y agregó: “No estoy contra el Gobierno, pero al empresario lo defiendo porque me da trabajo”. E insistió: “Las partes tienen que sentarse a conversar porque se debe saber el costo que tienen los empresarios para conocer si ganan o pierden”.

En ese sentido, el gremialista opinó que una posibilidad sería “bajar impuestos para la compra de las gomas, que son importadas y valen muy caras” y que el Estado “asuma el 50 por ciento del costo de los pasajes para discapacitados”. (Agencias)