El kirchnerismo avanzó en la madrugada de hoy en la media sanción del Senado para el acuerdo de “solución amigable y avenimiento” firmado por el Gobierno nacional y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones que tenía la firma española en YPF.

El convenio establece una compensación de hasta U$S 5.000 millones, que el Estado argentino pagará a través de la emisión de títulos públicos con vencimientos hasta 2033 y tasas de interés anual que oscilan entre el 7 y el 8,75%. El kirchnerismo y sus aliados consiguieron 42 votos positivos. La UCR y la bancada de centroizquierda integrada por el FAP-UNEN-CC votaron en contra (contabilizaron 18 votos), mientras que el Peronismo Federal y el PRO optaron por la abstención (8 en total). 

“El acuerdo amigable y de avenimiento que ha suscripto el Gobierno con Repsol abre las puertas a las inversiones que de otra manera no podrían ser posible”, postuló el senador Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino, quien preside la comisión de Energía y si bien es parte del sindicalismo no kirchnerista decidió apoyar la medida.

Desde la bancada del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández defendió dos de los puntos más criticados por la oposición: la cláusula de indemnidad que obliga a ambas partes a desistir de futuros juicios en tribunales internacionales y el hecho de que la valuación del paquete accionario expropiado se haya presentado en febrero de este año, luego de que se avanzó secretamente con Repsol en la salida amigable, y pese a que la misma ley de nacionalización de YPF (N° 26.741) estableció que el punto inicial del proceso debía ser el informe del Tribunal de Tasación.

“Si hubiera habido una tasación previa a ésta que se contempla en este proyecto, Repsol podría haber exigido el pago en efectivo y seguir el litigio”, afirmó Fernández y defendió la valuación de U$S 5.000 millones como muy “razonable” ya que “primero Repsol pidió en el Ciadi U$S 10.500 millones”. Lo mismo dijo el mendocino Adolfo Bermejo: “Este es un precio justo porque es una oportunidad histórica para que otros países vengan a invertir en la Argentina”.

Voces

Las críticas opositoras apuntaron tanto al precio que se pagará a Repsol (los mencionados U$S 5.000 millones que, según la centroizquierda, se transformarán en 13.000 millones cuando se termine de pagar el último bono en 2033) como a la cláusula sexta del convenio, llamada de indemnidad, que implica desistir de planteos futuros, entre ellos por los pasivos ambientales que dejó Repsol.

Las bancadas no K señalaron que dichos pasivos no fueron debidamente tenidos en cuenta en la cotización hecha por el Tribunal Tasación y señalaron que deberán entonces ser remediados por el Estado argentino. “Vamos a recordar lo que decía Axel Kicillof en 2012: que debían los españoles pagarnos a nosotros por el estrago ambiental, entonces ¿cómo podemos aceptar una tasación de la principal empresa de la República hecha en 20 carillas? No hay buena fe. Esto es un dibujo”, dijo Fernando “Pino” Solanas (UNEN).

El radical Ernesto Sanz denunció, a su turno, que “hay un sobreprecio de mala praxis” fijado por el Gobierno “porque le conviene al modelo pero no al país” y trazó un paralelismo con el apoyo que dieron Néstor y Cristina Kirchner a la privatización de YPF en los ’90 “porque le era conveniente al modelo de gobierno que tenían en Santa Cruz”.

Liliana Negre de Alonso, del Peronismo Federal, anunció la abstención de los justicialistas disidentes. Entre las críticas que vertió al acuerdo, se destacó el hecho de que el Tribunal de Tasación no contempló adrede pasivos ambientales y no ambientales que el propio Gobierno presentó en el “Informe Mosconi” elaborado en 2012 por Kicillof para explicar la mala gestión de Repsol en Argentina. Además, tampoco contempló un juicio de los accionistas minoritarios por el uso que hizo el Estado argentino de los bienes de YPF mientras duró la intervención de la empresa –hasta que se dictó la ley de renacionalización- y algunos juicios ambientales que están en diferentes tribunales federales (uno de ellos en la Corte).

El macrista Diego Santilli explicó la abstención de su bloque: “En su momento dijimos que cualquier expropiación, como indica la ley, debía comenzar por una valoración previa y su debida compensación económica. Caso contrario era una confiscación. Hoy lo que se intenta es subsanar este proceso que trajo graves consecuencias para los argentinos”, dijo pero objetó el hecho de que se paguen tasas de interés del 8% “por culpa de un gobierno que no es creíble”. 

Sobre el final de la maratónica sesión, Gerardo Morales, jefe de la bancada radical, hizo un análisis pormenorizado de la valuación hecha por el Tribunal de Tasación. “Se hizo a ojo de buen cubero”, denunció e insistió en que se está pagando un precio sobrevaluado a Repsol. “El Tribunal de Tasación cometió un delito, hay una sobreestimación de por lo menos U$S 1.500 millones, lo vamos a demandar en la Justicia penalmente”, añadió el jujeño. 

Oficialismo

La última palabra la tuvo el jefe de la bancada K, Miguel Pichetto. “Ustedes –le dijo a la oposición- nos proponen que paguemos U$S 3.500 millones, lo que significaría reabrir el litigio o depositar la plata tasada, los U$S 5.000 millones fijados por el Tribunal de Tasación, toda en efectivo como marca la ley nacional de Tasación. Ustedes votaron en contra de la estatización de las AFJP encontrando un vericueto como ahora”, se quejó el rionegrino mirando a la bancada radical. Añadió: “Creo que no había posibilidad de solución amigable en el momento en que se expropió porque los españoles estaban en otra. Se percibía que se estaba haciendo transferencia de acciones hacia vaya a saber dónde”. Y finalizó: “En el proceso de dos años hemos cerrado un acuerdo razonable, se está pagando la mitad de lo que se pidió en el Ciadi y además en cuotas”. 

El proyecto pasó a Diputados, que tendrá todo abril para abordar el tema y darle sanción definitiva ya que el 1° de mayo expira el plazo fijado por ambas partes del acuerdo para que el Congreso le dé su conformidad. Este viernes, la asamblea de accionistas de Repsol se reunirá para dar su aval y cumplir con su parte.