El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) presentó días atrás una demanda ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires para que se investigue a las autoridades educativas de los colegios de la Red Fasta por la posible comisión de actos de discriminación en caso de promover adoctrinamiento homo y lesbofóbico y discursos de odio hacia el movimiento feminista. 

En San Francisco, la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta) reúne el Instituto Inmaculada Concepción, el colegio Jesús de la Misericordia y la Universidad Fasta. 

La denuncia del INADI surgió tras un artículo del diario Página 12 en el que se describen testimonios de ex alumnos de esta red educativa de origen católico que revelan situaciones de bullying con aval o promovidos por docentes pero también episodios de abuso de poder y violencia sexual perpetrados por preceptores y religiosos.

"Como máxima autoridad del INADI tengo la obligación de denunciar aquellos actos que, a priori, podrían calificarse como posibles delitos o contravenciones. En este caso puntual, entendemos que existen elementos suficientes para que las autoridades judiciales investiguen si los contenidos educativos emanados por la Red Educativa FASTA alientan el odio sobre el feminismo, y la diversidad sexual, entre otros grupos de personas", explicó Victoria Donda, titular del organismo.

Además, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Mariela Labozzeta, inició una investigación preliminar ante la posible comisión de delitos contra la integridad y la libertad de niños, niñas y adolescentes, según se desprendería de varios de los testimonios y que una madre de una alumna de uno de los colegios envió a la UFEM. También la UFEM cursó comunicaciones a los ministerios de Mujeres, Género y Diversidad y de Educación para ponerlos al tanto.

También un pedido de intervención
En la Cámara de Diputados, la diputada Mara Brawer, del Frente de Todos, presentó un proyecto de resolución en el que expresan “preocupación” por los contenidos educativos que imparte Fasta por considerar que son violatorios de la Ley Antidiscriminatoria, la de Salud Sexual y Procreación Responsable, la de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes la de Educación Sexual Integral, la de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género.

Al mismo tiempo el proyecto insta a las autoridades de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires en cuya jurisdicción funcionan los 23 colegios de FASTA a “que intervengan” para que cese esa violación de derechos y en caso de que no suceda se los excluya de la enseñanza oficial.

"Lo que imparten no es opinión ni está amparado en la libertad de culto: es claramente violación de derechos constitucionales", consideró Brawer en declaraciones a Página 12.

Más denuncias
La denuncia del INADI fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires y se basa en los artículos publicados en el citado diario sobre los contenidos que imponen con su manual “Evangelización y Cultura”, cuyo autor es Juan Carlos Bilyk, profesor de Formación Religiosa en el Colegio FASTA San Vicente de Paúl, del barrio porteño de Villa Devoto, y responsable de los contenidos y la bibliografía de la Dirección de Fasta.

La demanda también aporta como prueba un correo electrónico recibido en el INADI a través de la Dirección de Asistencia a la Víctima “en el cual se denuncian una serie de circunstancias que acompañan y avalan los hechos mencionados en la investigación periodística”.

La presentación judicial también destaca que “una vez conocida la noticia en Página 12, en las redes sociales Twitter e Instagram se multiplicaron las denuncias de exalumnos/as reflejando prácticas discriminatorias”.

Esta semana se abrieron otros canales de denuncias en Instagram, para agrupar los testimonios por jurisdicción: Tucumán, Catamarca, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires. Fasta tiene 23 colegios en 18 ciudades de 11 provincias, además de una Universidad en Mar del Plata con dos subsedes, en Tandil y Bariloche y varios institutos de formación superior.

En la Legislatura porteña, al mismo tiempo, la diputada Ofelia Fernández presentó un proyecto de declaración en el que se expresa preocupación por las situaciones denunciadas en relación al colegio Aneiros e insta al Poder Ejecutivo de la Ciudad a “investigar en profundidad sobre los acontecimientos y prácticas denunciadas, para tomar con celeridad las medidas pertinentes con el fin de garantizar el derecho a la educación en los marcos establecidos por las leyes educativas en todos los niveles y por los Derechos Humanos que rigen en nuestro país”.

En Catamarca, diputados y diputadas del oficialismo y la oposición, que a la vez son presidentes de las juventudes de sus partidos, presentaron un proyecto de declaración para que se exprese el “máximo repudio” y “preocupación” por el material bibliográfico denunciado por Página 12. Según señala el diario, es la primera vez que las y los presidentes de la JP, JR, JPro y Generación Intermedia del PJ en esa provincia norteña unen esfuerzos en el ámbito parlamentario para promover los derechos a una educación sexual integral.