Cómo operaba la “banda” de los jefes policiales de Frontera

Escuchas, denuncias, declaraciones y videos, son algunos de los elementos que la fiscal especializada en violencia y corrupción institucional de Rafaela, Gabriela Lema, presentó como elementos probatorios para imputar a los ex jefes policiales de Frontera y Josefina, María Silvina Asís (37), jefa de la Comisaría Sexta; y Gastón Eletti (43), responsable de la Zona de Inspección Nº 5; y además a Juan Manuel Villafañe (27), numerario de la Brigada Motorizada, en el marco de la audiencia de control realizada en Tribunales de Rafaela esta semana.

En esa cita judicial, la jueza Cristina Fortunato, hizo lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y dictó la prisión preventiva para los efectivos que están imputados por presuntamente conformar una organización delictiva para cometer múltiples hechos delictivos, aprovechándose de su función de autoridades policiales, según la acusación a cargo de la fiscal.

Durante la audiencia fueron en vano las declaraciones de defensa que dos de los tres imputados (Eletti y Asís) ejercieron bajo el asesoramiento de sus abogados, y la jueza Fortunato resolvió que continuarán detenidos, por ahora sin plazo.

Cabe recordar que están imputados por la presunta comisión de 13 delitos tales como asociación ilícita, apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, encubrimiento agravado, entre otros.

Entre tantos hechos, se les imputó no dar a conocer a los autores de delitos cuando tenían conocimiento de quiénes eran: “Esto genera que la persona que está individualizada por el personal policial y que tiene la obligación de perseguirlo penalmente, siga en libertad y puede que cometa más hechos. Eso provoca, indefectiblemente que haya mayor inseguridad, afectando a los ciudadanos”, detalló la fiscal Lema en El Periódico Radio FM 97.1.

En este sentido, explicó que otro de los delitos era recibir dádivas o exacciones, que son requerir a particulares contribuciones o beneficio material (coimas, coloquialmente) para realizar su trabajo o tratar de realizarlo, lo cual abona a la corrupción o la situación de dejar impune algunos de delitos.

Durante la audiencia desarrollada el pasado martes en Rafaela la fiscal expuso con detalles que de manera sistemática el oficial Eletti pedía kilos de asado para devolver elementos robados a sus víctimas. Uno de los casos que se mencionó particularmente fue a la presidente comunal de Josefina, Jorgelina Sicardi, a quien le exigió asado para 14 personas con el fin de devolverle las chapas robadas a una capilla rural.

En otro hecho, le endilgó haber pedido dinero o una moto a cambio de otorgar la libertad a una persona.

“Solicitaban contribuciones o elementos materiales para esclarecer o devolver pertenencias de las víctimas. Eso es una dádiva, afectando directamente a la transparencia estatal y genera una corrupción por parte del personal. A la vez conlleva indefectiblemente más inseguridad y violencia”, remarcó.

Asociación ilícita: ¿qué es?

La funcionaria de MPA aclaró que a los tres policías les atribuyeron en total 13 hechos cometidos “en el marco del ejercicio abusivo de sus funciones como integrantes de la Policía de la provincia”. En tal sentido, añadió que “los delitos ocurrieron de forma habitual y continua, y se dieron en el contexto de una asociación ilícita que también integraban otros miembros de la fuerza policial”.

Los delitos por los cuales están siendo investigados fueron cometidos en un periodo comprendido entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1 de febrero de este año en las localidades de Frontera y Josefina, precisó Lema, y agregó que “si bien se registraron alternancias temporales en las que hubo menor actividad, no se interrumpió la permanencia de la organización como asociación ilícita”.

Acerca del funcionamiento de la organización, según dijo “sus integrantes asumieron roles en el marco de una estructura jerárquica interna en la que había distintos niveles de responsabilidad”. Al respecto, sostuvo que “cada uno realizaba aportes en forma individual o grupal para que la organización pudiera sacar provecho económico con su actividad y mantenerse en el tiempo”.

Sobre las actividades delictivas que llevaban adelante los imputados, la fiscal relató que “dentro de las más habituales que cometían, se destaca la suscripción de actas de procedimientos policiales con información adulterada o falaz”. Y detalló que “los policías brindaban datos falsos sobre distintos hechos delictivos y omitían realizar las comunicaciones oportunas a los fiscales de turno del MPA”.

-¿Qué implica la asociación ilícita?

Esto implica que las personas hagan un acuerdo común con la idea de que se organicen y planeen la realización de delitos indeterminados, es decir, tanto los delitos que les imputé, o incluso organizarse para delitos que a lo mejor no llegaron a cometer.

-¿Es el delito más grave que se les acusa?

-Obviamente es un delito muy grave, pero también se imputaron delitos de mucha gravedad como la privación ilegítima de la libertad a un periodista, hechos en contra de la integridad física de las personas como apremios y vejaciones, además del pedido de dádivas y coimas.

-¿Hay efectivos policiales que quisieron no ser parte de la organización delictiva y denunciaron?

-Hay que dejar en claro que no toda la fuerza policial va a cometer este tipo de delitos. Este ha sido un grupo de personas que coordinaron esta organización. Pero yo los investigué a estos delitos con personal policial de la provincia, es decir, se investigó con la misma fuerza policial junto con Gendarmería y la Justicia Federal, que no es partícipe de esta organización.

-¿Los jefes de la Policía en Frontera comandaban una especie de grupo de seguridad paralelo a la fuerza para recaudar?

-Los adicionales en negro no son un servicio paralelo. Las fuerzas policiales no pueden realizar un servicio paralelo de seguridad. Cuando se lleva adelante esta práctica hay un abuso de autoridad utilizando los recursos humanos del Estado. El Gobierno le abonaba para que realicen sus tareas como personal policial y lo que hacían es colocar otro tipo de tarea. Van más allá de una infracción administrativa y pasan a ser conductas delictivas.

-¿Los tres imputados participaban de la organización?

Los investigados defraudaron al Estado mediante servicios de custodias policiales en los que no cumplían con las reglamentaciones administrativas y legales. Recibieron dádivas con la finalidad de obtener beneficios que luego se repartían entre los miembros de la asociación.

Encubrían a delincuentes

Entre las acusaciones endilgadas por la Fiscalía, una que se remarcó durante la audiencia cautelar es la de ocultar información sobre los ladrones que cometían robos de motos u otros vehículos. Llamativamente, según la investigación judicial, esos casos se hacían pasar por hallazgos de motocicletas en descampados de la ciudad de Frontera.

-¿Qué penas pueden llegar a recibir si son considerados culpables?

-En este caso por más que las penas sean muy elevadas, la realidad es que después de que uno va a juicio se tiene que conocer y el juez es el que tiene que determinarlo. Sí podemos aclarar que son hechos en concurso real, con penas altas, pero es una investigación que está en curso todavía.

-¿La investigación inició por alguna denuncia en particular?

-Hay denuncias, pero no solo hay un delito principal. Se liga al resto de los hechos con el de asociación ilícita, donde se ve que en el ejercicio de sus funciones lo utilizaron para generar esta organización criminal donde comenten distintos tipos de delitos. También hay hechos puntuales que se fueron investigando a partir de denuncias de diferentes víctimas.

-¿Hay escuchas que sirvieron como elementos probatorios?

-Sí, hay diferentes elementos probatorios. Desde testimonios de víctimas, como se expuso en la audiencia cautelar que llevaron a tener por acreditados los hechos endilgados por la fiscalía. Así lo entendió la jueza, por eso hizo lugar a la prisión preventiva.

Torturas y privación ilegítima de la libertad

Las imputaciones de la Fiscalía revelan un prontuario con muchos episodios donde cometieron actos de violencia, tortura y privación ilegítima de la libertad a jóvenes detenidos, los cuales fueron ocultados sistemáticamente en las actas de ingreso de la comisaría.

El primer caso de detención ilegítima se registró el 21 de septiembre de 2020 cuando la policía Asís ordenó aprehender al periodista sanfrancisqueño Franco Cervera en momentos en que realizaba una cobertura periodística frente a la comisaría por unos desmanes que estaba cometiendo un grupo de ciudadanos. Allí, según remarcó la fiscal, Asís agredió verbalmente en reiteradas oportunidades y amenazó al periodista durante varios minutos. Además de dejarlo descalzo, ponerlo contra la pared, sacarle las pertenencias y ordenar requisarlo como si fuese un presunto delincuente. Tras cerca de 40 minutos de privación ilegítima, fue liberado por orden del fiscal de Frontera.

Pero la investigación de la fiscal Lema determinó que en los últimos meses se registraron hechos mucho más violentos, como el de un menor de 15 años que fue detenido y brutalmente golpeado por la policía Asís, tras ordenar que lo dejen desnudo en el calabozo, según detalló la funcionaria judicial en el marco de la audiencia cautelar.

Lo mismo sucedió, siempre según la imputación, con dos jóvenes que fueron detenidos el pasado 25 de enero, quienes fueron aprehendidos por portación de arma, pero en la comisaría recibieron una brutal golpiza, los dejaron desnudos, le pusieron la cabeza dentro de un balde con agua. Además denunciaron que le gatillaron con el arma descargada varias veces, y a uno de ellos lo intentaron estrangular con un cordón.

Todos estos hechos son algunos de los denunciados, en base al relato y acusación de la funcionaria judicial, que además aportó fotos de las lesiones padecidas por los dos jóvenes. Este último episodio de tortura fue el episodio que le bastó a la fiscal para ordenar la inmediata detención de los jefes policiales en el marco de una larga investigación.