La presunta asociación ilícita fiscal que la Justicia Federal investiga sacudió la última semana a nuestra región, no solo por la cantidad de allanamientos en estudios contables y empresas sino también por la detención de figuras públicas, entre otros aprehendidos. Y en los próximos días, el asombro podría ser mayor en la comunidad cuando trasciendan qué municipios estarían involucrados en esta megacausa.

La investigación es llevada adelante además por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y el Ministerio Público Fiscal, y se apunta a estudios contables y empresas.

Fuentes de la Justicia Federal de San Francisco confirmaron a El Periódico días atrás que entre los usuarios detectados se encontrarían además tres municipios de nuestra región, que también se sumaron a la metodología de generar facturas falsas para declarar gastos en actividades municipales.

Es importante destacar que los municipios no tributan Ganancias ni IVA porque están exentos, pero la presencia de esta forma de facturar indicaría otro delito que no es la evasión sino la defraudación a la administración pública, mediante salidas no documentadas de dinero. ¿Para qué puede usarse en política? Para realizar un pago a personas que no pueden figurar, un gasto de campaña política o directamente quedarse el funcionario con el dinero.

Defraudación

En esta causa ya hay dos casos testigo: las imputaciones de los intendentes de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano del Valle Canto. A estos se los investiga, no como miembros de la asociación ilícita fiscal, sino que se encuentran imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También hay otros funcionarios como partícipes necesarios.

Según publica este domingo el diario La Voz del Interior, Salibi y Canto habrían retirado fondos públicos de manera fraudulenta y los justificaron con comprobantes falsos que les proveyeron los miembros de la asociación ilícita desarticulada la semana pasada. Esa es la hipótesis que plantean los fiscales federales Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian, de Córdoba Capital, que investigan la causa de la usina de facturas apócrifas junto al fiscal de San Francisco, Luis María Viaut.