Este miércoles 21 de mayo se registró un paro total de actividades en Tierra del Fuego, en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de reducir los aranceles para la importación de productos tecnológicos. La medida, que afecta directamente a la industria fueguina, motivó la adhesión de sectores como la educación y el transporte, además de la paralización que ya se mantenía desde hace una semana en fábricas de teléfonos, televisores y aires acondicionados.

El conflicto se agudizó tras la oficialización de una baja del 16% al 8% en los aranceles para la importación de teléfonos móviles, y la promesa de nuevas reducciones para otros productos tecnológicos, según informó Perfil. Estas disposiciones forman parte de un régimen simplificado para la compra de artículos fabricados en la provincia.

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Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se mantiene un paro por tiempo indeterminado desde el anuncio de la medida, anticipando una jornada de protesta masiva para este miércoles. El gremio advirtió que podrían perderse más de 6.000 puestos de trabajo si se mantiene el nuevo esquema arancelario.

Sectores industriales fueguinos denuncian que la decisión del Ejecutivo favorece a productos importados en detrimento de los fabricados localmente, generando una desventaja competitiva que podría comprometer la continuidad de muchas empresas en la isla.

Las críticas se extendieron a nivel político. La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, calificó la medida como “un golpe mortal contra la industria fueguina, los trabajadores y la soberanía argentina”. Además, alertó que las consecuencias “se van a sentir en cada fábrica cerrada, en cada familia sin ingresos, en cada joven que se va de la provincia porque ya no tiene futuro”.

En esa misma línea, López convocó a todos los sectores de la sociedad fueguina a formar “una defensa del modelo productivo fueguino, frente a un Gobierno que viene por todo y no duda en reprimir y entregar con tal de cumplir con el ajuste”. “Vamos a dar esta pelea en todos los frentes”, afirmó la legisladora.

Por su parte, el intendente de Río Grande, Martín Perez, cuestionó duramente los decretos 333/2025 y 334/2025, firmados por el Gobierno nacional, y denunció que el objetivo es “desmantelar” el régimen de promoción industrial de la provincia. “El arancel, absolutamente moderado y racional del 16% que protege a nuestra industria, DESAPARECE y miles de empleos fueguinos están en riesgo”, escribió en sus redes sociales.

Perez también remarcó la motivación política detrás de los decretos: “El fin es desmantelar ‘un régimen que están todos en contra’, como dijo textual este domingo el ministro Luis Caputo. Hoy lo repitió Federico Sturzenegger en Bloomberg”.

Finalmente, según consignó Perfil, el propio Caputo admitió que la idea de eliminar los aranceles fue suya y reconoció que la medida perjudicó económicamente a su familia.