Tras un mes y medio marcado por la controversia, Manuel García Mansilla dejó su cargo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su designación, efectuada por decreto del presidente Javier Milei y sin la aprobación del Senado, estuvo rodeada de críticas, presentaciones judiciales y un clima de tensión institucional.

Bajo la mirada y especulación de los medios de comunicación y el entorno político, finalmente la salida se concretó luego del rechazo de su pliego en la Cámara Alta y la medida cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla, que le impedía intervenir en causas del máximo tribunal.

García Mansilla había jurado de manera secreta el pasado 27 de febrero, en una ceremonia que despertó fuertes cuestionamientos. La falta de convalidación legislativa debilitó su posición desde el inicio.

La solicitud para su designación, firmada por el procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, fue leída por algunos sectores como un intento del oficialismo por sostenerlo en el cargo, mientras que otros la interpretaron como una estrategia para preparar su salida.

La accidentada permanencia del juez evidenció las tensiones entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. Con su renuncia, la Corte Suprema vuelve a quedar con una vacante, en medio de crecientes especulaciones sobre los próximos pasos del Gobierno en el ámbito judicial.