El Gobierno nacional anunció este miércoles un paquete de medidas para endurecer su política migratoria, entre las que se incluyen la deportación inmediata de extranjeros condenados por delitos, la implementación de aranceles en la salud pública para inmigrantes ilegales y la habilitación a universidades para cobrar a residentes temporarios. Las modificaciones serán instrumentadas mediante un decreto presidencial.

Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó: “Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes. Todos los condenados por cometer un delito serán deportados”. Además, sostuvo que “hoy entra casi cualquiera sin mediar preguntas y las condiciones de deportación son muy flexibles. Ingresaron 1.700.000 inmigrantes ilegales”.

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Según consignó Adorni, solo en ocho hospitales nacionales se gastaron 114 mil millones de pesos en la atención médica de extranjeros. “Lo que es peor, hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este Gobierno eso se termina”, añadió.

Entre las medidas anunciadas se destacan:

  • Rechazo del ingreso a cualquier persona condenada por un delito.
  • Rechazo de extranjeros que ingresen de manera clandestina.
  • Deportación de quienes hayan sido condenados por delitos.
  • Cobro de servicios de salud a inmigrantes ilegales.
  • Autorización a universidades nacionales a cobrar a residentes temporarios.
  • Otorgamiento de la ciudadanía solo a quienes residan ininterrumpidamente dos años en el país.

Según explicó Adorni, los inmigrantes ilegales, así como los residentes transitorios y temporales, deberán pagar por los servicios de salud, y se exigirá un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago al momento de ingresar al país.

El vocero también adelantó que se establecerán requisitos más estrictos para acceder a la residencia permanente y a la ciudadanía argentina, que solo se otorgará a quienes permanezcan dos años seguidos en el territorio nacional sin ausentarse. “Quienes entran o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora”, advirtió.

En sus declaraciones, Adorni también cuestionó la normativa vigente al señalar que “invita al caos y al abuso de muchos vivos que lejos están de venir al país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”. Agregó que, con la legislación actual, “cualquier inmigrante condenado por un delito con pena menor a cinco años puede seguir viviendo en la Argentina para peligro de todos los demás”.

Por su parte, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, remarcó: “Nuestro país seguirá siendo una tierra abierta a los migrantes, pero con leyes claras y un sistema migratorio que priorice el desarrollo y el bienestar de todos los argentinos”.

Estas reformas fueron anticipadas por el presidente Javier Milei durante su discurso en la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional.