El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, oficializó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 el miércoles 21 de mayo, con el objetivo de ampliar el listado de actividades consideradas esenciales y restringir el alcance del derecho a huelga en esos sectores. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece que en caso de medidas de fuerza deberá garantizarse un mínimo del 75% de los servicios en las actividades esenciales, y al menos el 50% en aquellas consideradas de “importancia trascendental”.

Servicios alcanzados por las nuevas restricciones

El decreto redefine los sectores que deberán funcionar obligatoriamente durante una huelga. A los servicios sanitarios, hospitalarios y de transporte de medicamentos ya contemplados en normativas anteriores, se suman nuevas actividades como:

  • Cuidado de menores y educación en niveles inicial, primario, secundario y especial.
  • Telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales.
  • Aeronáutica comercial, control de tráfico portuario, balizamiento, dragado y estiba.
  • Transporte marítimo y fluvial de personas y carga, operaciones costa afuera.
  • Servicios aduaneros, migratorios y de comercio exterior.
  • Producción y distribución de gas, combustibles, agua potable y energía eléctrica.

A su vez, se introdujo una nueva categoría de actividades de “importancia trascendental”, obligadas a mantener una prestación mínima del 50%. Entre ellas se incluyen:

  • Producción de medicamentos e insumos hospitalarios.
  • Industria alimenticia, siderurgia, aluminio, química y cementera.
  • Servicios de radio y televisión, bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos.
  • Actividades agropecuarias, mineras, frigoríficas, logísticas y vinculadas a exportaciones.
  • Transporte terrestre y subterráneo, correos, comercio electrónico y producción de materiales de construcción.

El artículo 3 del decreto prohíbe negociar porcentajes inferiores a los establecidos, lo que según especialistas limita seriamente la capacidad de ejercer el derecho constitucional a huelga.

Reacciones sindicales y judiciales

La medida generó una fuerte reacción del ámbito sindical y jurídico. La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado donde denunció que el decreto "intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo". En el mismo documento, el consejo directivo advirtió: "El movimiento obrero dará las batallas que tenga que dar, sean en los Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el Gobierno".

Desde el ámbito jurídico, un abogado de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas sostuvo: "Esto no busca regular, sino prohibir la huelga". Por su parte, el director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma recordó que el DNU 340/2025 retoma artículos del DNU 70/23, que fue suspendido por la Justicia y aún espera definición de la Corte Suprema.

Mientras tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni evitó profundizar sobre los alcances de la medida y afirmó que "nada estará fuera de la ley". El secretario de Trabajo, Julio Cordero, no emitió declaraciones públicas al respecto.

Cambios en las paritarias docentes

Simultáneamente, el Poder Ejecutivo publicó el DNU 341/2025, que elimina la participación directa del Estado nacional en las negociaciones salariales docentes. La nueva normativa establece que los acuerdos sobre salarios, calendario escolar y carrera docente serán definidos por el Consejo Federal de Educación y los sindicatos nacionales, con intervención limitada de la Secretaría de Educación.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se encargará exclusivamente de revisar la viabilidad fiscal de los acuerdos, con la potestad de rechazarlos si no se ajustan al presupuesto nacional. La decisión se basa en la transferencia de competencias educativas a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideradas las empleadoras directas del personal docente.

Los cambios en la estructura paritaria introducen un nuevo esquema descentralizado, pero generan incertidumbre respecto al rol coordinador del Estado nacional en el sistema educativo.