El Gobierno endureció el acceso de la prensa a Casa Rosada tras un cruce con un periodista
La resolución que limita la presencia de medios en la sede del Ejecutivo fue publicada un día después de un momento incómodo para el ministro Luis Caputo. Las nuevas exigencias incluyen cupos, evaluación por audiencia y un código de vestimenta.
El Gobierno nacional oficializó este viernes una nueva normativa que restringe las condiciones de acreditación para periodistas en la Casa Rosada, generando polémica en el ámbito de la prensa. La resolución 1319/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, establece requisitos más estrictos para la cobertura de actividades oficiales, incluyendo cupos limitados, evaluación por puntaje, vestimenta formal obligatoria y nuevas restricciones de circulación dentro del edificio.
La normativa reemplaza a la anterior del año 2024 y regirá desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. A partir de ahora, los medios y periodistas deberán presentar su solicitud de acreditación acompañada por una declaración jurada y pasar por una matriz de evaluación objetiva, que ponderará indicadores como el alcance de audiencia en los últimos tres meses, especialización temática y frecuencia de cobertura.
Uno de los puntos más destacados es la limitación en la cantidad de asistentes: solo 25 periodistas acreditados de forma anual podrán acceder a la Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro”, y hasta 36 profesionales podrán participar desde la Sala de Conferencias.
Además, se impuso un código de vestimenta formal, fundamentado en “la naturaleza institucional del acto y su trascendencia a nivel nacional e internacional”. También se prohibió el ingreso a las salas una vez iniciadas las conferencias, y el moderador tendrá la potestad de administrar el uso del micrófono, interrumpir exposiciones extensas y limitar nuevas intervenciones. El uso del micrófono será rotativo y controlado. La circulación por sectores no habilitados se considerará falta grave, al igual que la transmisión o captura de imágenes sin autorización.
El gobierno justificó las nuevas condiciones señalando que son necesarias para “garantizar condiciones de seguridad, evitar aglomeraciones y permitir un desarrollo ordenado de las actividades”. La Subsecretaría de Prensa quedó designada como autoridad de aplicación y podrá revocar acreditaciones en caso de incumplimiento de al menos dos faltas graves.
Un contexto de tensión: el motivo que desató el conflicto
Aunque desde el oficialismo se argumentó que las medidas buscan “asegurar el derecho a la información en condiciones de igualdad y transparencia”, el cambio generó reacciones críticas entre periodistas y sectores opositores, que lo interpretaron como una maniobra de control y censura encubierta.
La resolución fue publicada un día después de un tenso intercambio entre el ministro de Economía Luis Caputo y el periodista Jonathan Heguier, de El Destape, durante una conferencia sobre el nuevo blanqueo fiscal. Heguier consultó si los ministros darían el ejemplo trayendo sus dólares del exterior, mencionando el caso personal de Caputo. La pregunta generó un visible malestar en el funcionario, quien respondió: “No seas irrespetuoso, no te pasés de listo, porque lo que estás haciendo es una falta de respeto”.
El incidente fue interpretado como un antecedente inmediato del endurecimiento del protocolo. Sectores de la prensa señalaron que la normativa, aunque formalizada como medida organizativa, responde a un clima creciente de incomodidad del Ejecutivo ante ciertas coberturas críticas.
También se recordó el caso de Silvia Mercado, periodista que denunció haber sido excluida de la Casa Rosada en 2024 tras más de una década de cobertura, acusando al presidente Javier Milei de “disciplinar a los medios” mediante un sistema de “bolilla negra”.
Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado en marzo que se buscaba “profesionalizar” la sala de prensa. Incluso llegó a plantear la posibilidad de que los periodistas sean seleccionados por votación del público, una idea que él mismo definió como un “Gran Hermano periodístico”.
Con este nuevo marco normativo, el vínculo entre el Gobierno y la prensa suma un nuevo capítulo de tensión, en medio de un contexto político marcado por la centralización de la comunicación oficial y la limitación de la interacción con medios no alineados.