El Gobierno nacional concretó la disolución del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) mediante la Resolución 764/2025, publicada en el Boletín Oficial. A partir de ahora, la administración de los créditos ya otorgados pasará al Banco Hipotecario S.A., que continuará con la gestión bajo los términos establecidos en el fideicomiso original de 2012.

La medida se enmarca en el Decreto 1018/2024, que argumenta que el Procrear se había transformado en una “pesada carga” para el Estado. Entre los fundamentos, se señala la existencia de irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), tales como demoras en la entrega de viviendas, quejas por condiciones habitacionales deficientes, incumplimientos de convenios, y la falta de actualización de manuales de procedimiento.

Además, el Ejecutivo planteó que el financiamiento para construcción de viviendas debe ser una tarea propia de los bancos comerciales, tanto públicos como privados, por lo que no se justificaría una intervención estatal directa. En esa línea, se sostiene que la liquidación del fondo responde a lo dispuesto en la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública y habilita al Poder Ejecutivo a disolver fondos fiduciarios para optimizar el funcionamiento del Estado.

Contrato 

En cuanto al futuro de los créditos, el Ministerio de Economía celebrará un contrato con el Banco Hipotecario S.A. que mantendrá la gestión bajo las condiciones originales. Los pagos continuarán con normalidad y, según establece la resolución, el banco deberá transferir los fondos recaudados, descontando gastos y comisiones, a la cuenta de recaudación del Tesoro Nacional.

Además, se facultó a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial para instruir al banco a vender carteras de crédito con rendimiento de cobranza inferior al 40 %, así como para administrar la venta de inmuebles en casos en que no existan obras con contratos vigentes. En estas situaciones, los bienes serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

En caso de inmuebles originalmente aportados por provincias o municipios, se contempla la posibilidad de restitución. También podrá autorizarse la transferencia a organismos estatales, municipios, provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo dictamen del Tribunal de Tasaciones.

La resolución establece que las obligaciones pendientes se cancelarán con los fondos recaudados por cobranza de créditos o venta de inmuebles, siguiendo el orden de prelación definido en el contrato de fideicomiso. Por otra parte, cualquier causa judicial relacionada con el Pro.Cre.Ar será atendida por el área jurídica designada por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía.

De esta forma, el programa lanzado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda única familiar mediante créditos accesibles cierra su ciclo como fondo fiduciario estatal, aunque continuará operando en su etapa administrativa a través del sistema bancario.