El Gobierno anunció una reforma clave en la Ley Nacional de Armas y Explosivos, reduciendo a 18 años la edad mínima para portar armas, modificando así el artículo 55 de la ley 20.429, que establecía la edad mínima en 21. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial a través del decreto 1081/2024, firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La reforma establece que “ser mayor de DIECIOCHO (18) años” es ahora el requisito de edad para la adquisición, uso y portación de armas de uso civil, dejando atrás los 21 años que se establecían como mínimo. Según el Ejecutivo, el cambio busca “armonizar la legislación vigente reconociendo la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas a partir de los 18 años".

El decreto también incluye exigencias adicionales para la portación, como la ausencia de antecedentes penales, datos personales acreditados en dependencias policiales y la inexistencia de condiciones psíquicas o físicas que inhabiliten al solicitante.

Contexto y objetivos de la reforma

El proyecto que impulsó esta modificación había comenzado a discutirse en mayo de 2024, cuando el Gobierno propuso simplificar los trámites relacionados con la tenencia de armas. El objetivo, según la cartera de Seguridad, es modernizar los procesos administrativos y mantener un registro completo y transparente de armas de fuego en el país.

La normativa apunta a combatir el mercado ilegal, donde según el Ministerio de Seguridad actualmente se estima que hay más de 800.000 armas en tenencia irregular. En paralelo, se anunció la extensión del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años, permitiendo a los ciudadanos entregar armas sin registrar de forma anónima para su destrucción, sin consecuencias legales.

La reforma también introduce una herramienta para regularizar armas previamente no declaradas, habilitando a sus propietarios a conservarlas como legítimos usuarios. Este cambio busca prevenir hechos de violencia y garantizar que las armas en circulación estén debidamente registradas.

Argumentos y críticas

Desde el Gobierno, resaltaron que esta medida permitirá reforzar la lucha contra los delitos cometidos con armas ilegales, a la vez que otorga un marco legal para que los ciudadanos puedan protegerse de manera responsable. “El combate a fondo contra los delincuentes requiere ciudadanos empoderados y un registro de armas acorde a los tiempos modernos”, indicaron desde el Ministerio de Seguridad.

La propuesta, sin embargo, también ha generado debates en sectores que cuestionan la efectividad de una flexibilización de las normativas sobre armas en la lucha contra la inseguridad. Las implicancias sociales y el impacto en la violencia armada serán clave en el análisis de esta reforma en los próximos meses.