Las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger no solo impactan en los ingresos y la estabilidad laboral, sino que, según un análisis del sitio Cenital elaborado por la periodista Noelia Barral Grigera, están generando una preocupante pérdida de capacidades del Estado, con repercusiones directas en la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. La “motosierra” recae sobre áreas sensibles que, de funcionar mal o fallar, podrían desencadenar tragedias.

Un ejemplo elocuente de esta situación ocurrió el jueves 27 de marzo de 2025, cuando un avión de Aerolíneas Argentinas se vio obligado a girar durante 53 minutos sobre el Aeropuerto de Sauce Viejo, en Santa Fe, porque nadie respondía en la torre de control. Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habían advertido al Gobierno una semana antes que las medidas de ajuste ponían en riesgo la seguridad operacional de la aviación. 

Según los trabajadores, ese día no había controlador aéreo debido a despidos masivos, una situación que el Gobierno nacional nunca explicó. A más de dos meses de aquel episodio, situaciones similares se acumulan en distintas áreas del país, con advertencias de trabajadores de Vialidad Nacional, médicos del Hospital Garrahan, científicos del Conicet, técnicos del Instituto Geográfico y familias de personas con discapacidad, entre otros.

X de Enrique Piñeyro

Seguridad vial en riesgo y rutas deterioradas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), creada en 2008 tras la tragedia del Colegio Ecos para reducir la siniestralidad vial, es otro caso que ilustra la pérdida de capacidades estatales. Antes de su creación, morían aproximadamente 15 personas por día en hechos viales (5.600 muertes al año). En 2024, esa cifra se redujo a 3.900 fallecidos, lo que representa una baja superior al 30%. 

Sin embargo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca fusionar la ANSV con otros organismos para ahorrar en salarios. Esta decisión, según denunció el exdirector de la ANSV Pablo Martínez Carignano, no solo afectaría el trabajo de la agencia, sino que podría ser más costosa en términos de atención médica, judicialización y pérdida de productividad debido a los siniestros viales, superando el ahorro en sueldos que el Gobierno intenta reducir.

En el ámbito de la seguridad vial, el estado de las rutas nacionales es también una preocupación. Martínez Carignano detalló a Cenital que “desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional dejó de conservar las rutas nacionales”, lo que ha provocado un aumento de accidentes y muertes. Ante los reclamos de algunos gobernadores, Milei respondió que, si quieren mejores rutas, deben hacerse cargo de ellas. 

Mendoza fue la primera provincia en aceptar esta propuesta y se hará responsable de algunos tramos de las rutas 7 y 40. Como consecuencia, los ciudadanos deberán pagar peajes para circular por rutas que antes eran gratuitas y financiadas con sus impuestos. “El Estado nacional elude su responsabilidad. Las provincias asumen una que no les corresponde. Lo que los une no es el interés público, sino el reparto de la recaudación. Venderán esta medida como una mejora para los usuarios, pero en realidad es una extorsión disfrazada: pagar o seguir transitando caminos rotos y peligrosos”, advirtió Martínez Carignano.

Recortes y sus consecuencias

La concepción del gobierno de Milei de que gestionar el Estado es solo administrar la macroeconomía, lo aleja de sostener políticas directamente vinculadas con el bienestar de los argentinos, como la seguridad vial o aérea, o la atención médica de alta calidad que ofrece el Hospital Garrahan. 

El Estado pierde así capacidades para detectar potenciales peligros y evitarlos. Para justificar recortes que, además de ser considerados crueles, terminan siendo más costosos por las consecuencias que provocan, el Gobierno, según el análisis de Cenital, recurre a tácticas como instalar sospechas, sugerir la presencia de “ñoquis” o trabajadores innecesarios, y desmerecer los logros de los organismos a ser eliminados o recortados.

Sin embargo, esta postura genera contradicciones, como lo manifestó el libertario Ramiro Marra, quien, aunque reniega del Estado presente, reconoce que “las funciones básicas que tiene que cumplir el Estado son seguridad, justicia, educación, salud”.

Además, como detectó el director de Planificación Productiva de Fundar, Daniel Schteingart, muchos de los recortes aplicados por la administración Milei-Sturzenegger recaen sobre políticas que contribuirían a reducir la desigualdad en Argentina. 

Un estudio de 2021 ("Fiscal policy, income redistribution and poverty reduction in Argentina" de Cruz López del Valle y otros) analizó el impacto de los distintos componentes del gasto público en la reducción de la desigualdad, y concluyó que la inversión en la moratoria previsional, la educación pública (primaria y secundaria) y la salud pública tienen un gran impacto en este sentido.

Incluso desde una perspectiva libertaria, la decisión de no hacer ni arreglar rutas y caminos puede afectar la macroeconomía. Para un modelo económico que apuesta a la llegada de inversiones extranjeras, la advertencia de Marcelo Álvarez, CEO de la minera Barrick Gold, en el encuentro del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF) no debería pasar desapercibida. 

“Con el RIGI no alcanza. La inversión en la Argentina es mucho más compleja que hacerla en Chile. Entonces, el inversor entre ir a Chile que ya tiene la infraestructura o venir a la Argentina que tiene que construir las rutas y su propia línea eléctrica, va a tomar la decisión de ir a un país donde eso ya está”, dijo Álvarez, sin que aparentemente nadie en el Gobierno nacional recogiera el guante.

Desfinanciamiento y ahogamiento de instituciones

La situación de desfinanciamiento que pone en crisis severa las capacidades del Estado alcanza a muchas otras áreas críticas, además de las rutas, los controladores aéreos y los pediatras. Cenital menciona, entre otros, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Geográfico Nacional, la Casa de la Moneda —con el faltante de chapas patentes—, la ANMAT, la Aduana, Trenes Argentinos o el Senasa. 

Para concretar la mayor parte de las desregulaciones, modificaciones y achicamientos en estos organismos y políticas, Sturzenegger se basó en las facultades delegadas concedidas al Poder Ejecutivo en la Ley Bases, además de en los contenidos del mega DNU 70/23, dictado apenas asumió Milei.

Párrafo aparte, según Cenital, merece la situación del Conicet y el resto de las instituciones y organismos del sistema científico nacional, que actualmente se encuentra paralizado. No se trata solo de falta de financiamiento, sino también de un asedio permanente y, a un año y medio de gobierno, la falta de nombramientos o la ejecución de concursos.

A esto se suma, en lo que Cenital califica como un "coqueteo con el desfalco", la apropiación por parte del Estado de 53 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asignó a Argentina para invertir exclusivamente en desarrollo e investigación científica, y que el Gobierno retiene sin dar ninguna explicación.

Según el análisis, algo similar sucede con los fondos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que, entre otras fuentes, se financia con un impuesto del 10% sobre cada entrada de cine; o con el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), que se paga con lo recaudado por impuestos y multas a los medios de comunicación audiovisual. Cenital señala que son fondos que el Estado recauda, pero que retiene y no aplica a las políticas específicas para las que fueron creados.

Hace más de tres meses, más de dos mil científicos argentinos denunciaron esta situación ante el BID, preguntándose “¿Cuántos fondos quedan? ¿En dónde están? ¿Se han girado al país y no se han usado?”. Cenital indica que las dudas siguen abiertas porque el BID, hoy a cargo del brasileño Ilan Goldfajn (ex FMI), prometió investigar pero aún no respondió.