Por decreto, Macri extendió por cinco años los cargos jerárquicos en el Estado

Más información 28 de noviembre de 2019
Así, los funcionarios en altos cargos mantendrán su puesto durante el próximo Gobierno. En caso de ser despedidos, deberán ser indemnizados con todos los sueldos restantes. El actual Gobierno rechazó las críticas.
Macri
Macri convocó a una marcha de despedida el 7 de diciembre

A 14 días de terminar su mandato, el presidente Mauricio Macri creó por decreto un régimen para funcionarios jerárquicos que garantiza sus puestos a los directores generales por cinco años, por lo cual quienes integren el plantel del actual gobierno deberán conservar sus roles tras el cambio de gestión. En caso de ser despedidos, el Estado deberá pagarles una indemnización equivalente al sueldo que cobrarían en todo lo que reste de ese período. 

Se trata del decreto 788/19, publicado el 25 de noviembre en el Boletín Oficial, firmado por Macri junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica. Fue acordado con el gremio estatal Unión del Personal Civil de la Nación ( UPCN).

La medida crea el "Régimen de Alta Dirección Pública", que incluye a directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores. A partir de esto, todos ellos pasan a tener estabilidad laboral por cinco años. En caso de ser removidos de sus cargos, el Estado deberá pagar el equivalente a los sueldos por lo que resta de esos cinco años.

Este nuevo marco normativo establece que los funcionarios que hayan sido nombrados durante el mandato de Macri deben permanecer en su cargo al menos por un año más, bajo el gobierno de Alberto Fernández.

Asegura que será transparente

Según informó el diario Página/12, el Gobierno negó que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios en la futura gestión y sostuvo que "promueve un sistema de concursos más transparente". Desde UPCN también negaron ante dicho diario que el decreto implique un amparo a funcionarios macristas.

Sin embargo, el secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández, cuestionó en diálogo con Página/12 que "a catorce días de terminar su mandato, Mauricio Macri continúa su tarea de condicionar y dejar un campo minado a Alberto Fernández". El dirigente agregó que "le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando".

Como consecuencia de esta medida, "desde el 1 de enero de 2020 se aplica un aumento salarial considerable a los más altos cargos de la Administración Pública Nacional, que incluso impactarán sobre los salarios de ministros y el presidente", planteó. ATE calcula que esta modificación podría implicar aumentos de entre 80 y 100 mil pesos a partir de enero del año próximo.

En tanto, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) remarcó que el régimen de ingreso que dispone el decreto para los cargos jerárquicos tiene "exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente”, informó el diario antes mencionado.

Rubén Ramos, de AGAE), aseguró que van a “judicializar” la nueva norma porque afecta “de manera grave el derecho a la carrera que consagró la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. Y definió la cuestión como "un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas, sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza”.

“¿Existe algún límite moral en un proceso de transición de entrega del poder? ¿Es éticamente aceptable que un gobierno disponga esas medidas de fondo a muy escaso tiempo de su finalización? El límite debe ser la prudencia, que hoy no abunda”, sostuvo Ramos.

"Para entender mejor de qué se trata, resulta útil contextualizar lo descripto: el acuerdo fue firmado poco antes de las elecciones del 27 de octubre, mientras que su homologación se produce a dos semanas de la asunción de las nuevas autoridades de Gobierno”, remarcó Ramos.

Con información de Página 12 / BAE / Infobae

Te puede interesar

Boletín de noticias

Te puede interesar