El mismo día de su publicación, el Gobierno decidió anular los cambios para el aborto legal

Más información 20 de noviembre de 2019
La actualización del protocolo para interrupción legal del embarazo que había publicado este miércoles la Secretaría de Salud será anulada por orden directa del presidente Mauricio Macri.
¡NIÑAS-NO-MADRES
Los cambios en el protocolo de la ILE serán anulados.

El Gobierno de Mauricio Macri publicó este miércoles en el Boletín Oficial una resolución actualizando el protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo (ILE), pero por orden directa del Presidente resolvió anularla el mismo día, según señalan distintos portales nacionales.

La resolución, impulsada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, había sido criticada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien la consideró "inconstitucional". Así, en un mismo día, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, será la encargada de redactar la resolución que anulará el nuevo “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)” y que se publicó hoy miércoles. Tanto Infobae, como TN y Página 12 resaltan que la decisión de dar marcha atrás se tomó por orden del presidente Macri, que anula así los cambios que había adoptado Salud para que pudiera cumplirse la ILE en los casos en los que está previsto.

La actualización del protocolo le daba rango ministerial al ya existente y no dejaba lugar a interpretaciones sobre cómo debía actuarse. Uno de los cambios más sustanciales era que la objeción de conciencia no podía impedir que un hospital o centro de salud realizara la interrupción del embarazo.

Además, planteaba que para acceder a la ILE alcanzaba con solicitarla, dar consentimiento informado y firmar una declaración jurada en la cual la persona que quiere abortar afirme que su caso está contemplado por las causales que prevé la ley (hoy en la Argentina el aborto es legal por causales).

También disponía que no podían pasar más de diez días entre el pedido de la persona gestante y la intervención, advertía que no podía ser rechazada por ninguna institución de salud pública o privada, esto es, no existe la "objeción de conciencia institucional". Además, disponía que no podía ser judicializada ni obstaculizada de ninguna manera.

Este protocolo actualizaba el anterior y fue obra del secretario de Salud, quien se había manifestado públicamente a favor de la legalización del aborto en el debate en el Congreso de 2018. De esta manera, volverá a estar vigente el protocolo de 2015.

Críticas desde el propio Gobierno

Apenas se conoció la noticia, comenzaron las voces críticas desde el propio seno de Cambiemos. La primera y más resonante fue la del senador Federico Pinedo, ferviente militante “por las dos vidas”, quien en sus redes sociales publicó: “Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica”.

Y apuntó contra Rubinstein: “El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional”.

La resolución

La Secretaría de Salud de la Nación solamente publicó una actualización del Protocolo de Atención para interrupción legal del embarazo (ILE), el cual rige en todo el país y abarca a los hospitales públicos y privados. Entre otros puntos, reafirmaba que no hay que judicializar los casos de abortos no punibles, señalaba que la objeción de conciencia no puede ser institucional y que los servicios de salud debía garantizar la interrupción legal del embarazo. Además, que entre la solicitud de la ILE y su realización no podían pasar más de diez días.

La resolución 3158/2019 “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Actualización 2019”, que estipula la vigencia de esa guía, buscaba “promover el derecho que tienen mujeres, niñas, adolescentes y toda persona con capacidad de llevar adelante una gestación y/o de acceder a la ILE cuando éste se encuadre en las causales previstas”, es decir, por motivos de salud (en su definición integral, como estipula la OMS) o porque la mujer fue víctima de una violación.

Con información de Infobae / Página 12.

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