Ex jefe de la Policía local a juicio por cobrar "contribuciones" a comercios
Se trata de Ricardo Marcelino Galarza a quien el fiscal Senestrari imputó junto otros a siete jefes policiales y a miembros de la cooperadora de la Seccional 1° de Córdoba. Prometían seguridad a los negocios a cambio de dinero.
El fiscal federal Nº1, Enrique Senestrari, elevó a juicio recientemente una causa en la que logró desentrañar cómo se otorgó protección a cambio de ‘contribuciones’ y pago de dinero a una ficticia cooperadora policial, según informó diario Perfil . Están acusados ocho comisarios, que dirigieron la sede de la Seccional Primera de Córdoba, entre ellos, Ricardo Marcelino Galarza que luego se desempeñaría como máxima autoridad de la Departamental San Justo desde 2016 a 2018.
Además, en la investigación efectuada por Senestrari hay cinco civiles que integraron una asociación cooperadora creada para esa jurisdicción. Se los considera responsables, en diferentes hechos y con diversa participación de los delitos de exacciones ilegales, cohecho pasivo, trata de personas mayores de 18 años agravada y promoción de la prostitución ajena.
El expediente es un desprendimiento de una causa penal por trata de personas que se llevó adelante entre los años 2008 y 2013, tiempo durante el cual la supuesta cooperadora policial recaudaba dinero a comercios y personas.
Los acusados
El fiscal Senestrari, instructor del caso, señaló que los sucesivos titulares de la Comisaría 1ª, los comisarios Nicolás Ricardo Díaz, Gabriel Carlos Álvarez, Ricardo Marcelino Galarza, Carlos Osvaldo Cejas, Osvaldo Emilio Arias, Ariel Alejandro Pérez, Walter Martín Roldán y Amado Rafael Núñez, abusando de sus cargos, “solicitaron, exigieron e hicieron pagar indebidamente de manera periódica diversas sumas de dinero a responsables o dependientes de entidades comerciales, bancarias, educativas y sindicales de Córdoba capital, a cambio de ofrecerles y/o brindarles protección o seguridad policial.
Según la investigación el dinero luego era utilizado para reparaciones de vehículos policiales, vacaciones del personal, adquisición de artículos de librería, pagos de alimentos en bares y carnicerías, pagos de traslados de personal en vehículos taxímetros, provisiones para la dependencia, entre otras cosas.
La supuesta cooperadora
La cooperadora de la Comisaría Seccional 1ª había sido creada en 1987 como una asociación integrada por civiles, que tenía por finalidad recibir aportes de dinero de entidades lícitas (comercios, sindicatos, universidades, colegios, vecinos particulares) y destinarlos en insumos para el funcionamiento de la sede policial. Se constituyó regularmente con personería jurídica. En 2002 pasó a ser una simple asociación por encontrarse inhabilitada para funcionar de manera regular porque los mandatos de sus autoridades se encontraban vencidos. A partir de allí operó sin control alguno. Con el correr de los años se conformó como una sociedad de hecho, que actuaba a través de distintos operadores que se fueron sucediendo en el tiempo y que no revestían cargo estatutario alguno.
El fiscal Senestrari analizó, también, por qué no regularizaron la situación legal: continuaron sin personería jurídica para eludir la supervisión sobre las recaudaciones ilícitas a actividades criminales desarrolladas en los prostíbulos.
Los recibos secuestrados, entre 2008 y 2013, se vieron en la obligación de entregar periódicamente sumas de dinero a la cooperadora destacados comercios céntricos, entidades profesionales y hasta gremios de la ciudad de Córdoba.
Algunas de las entidades que menciona la investigación son: Sorocabana, Vanesa Duran, Universidad Blas Pascal, Alianza Francesa, Colegio de Arquitectos, Setur, Uepc, Barujel, Emanuel Motos, Banco Hipotecario, Banco Julio, Círculo de Gendarmería, Alfonsina, Colegio de la Inmaculada, Universidad Siglo 21 y Banco Nación, aunque la lista sigue.
