La realidad carcelaria local atraviesa un momento complejo. Lo dicen por lo bajo los guardiacárceles y lo advierten con preocupación abogados penalistas. Éstos últimos señalan que por la sobrepoblación, a raíz del aumento de procesados por casos de violencia familiar y de género, muchos internos deben ser trasladados a otras unidades penitenciarias de la provincia, violando así garantías constitucionales de los reclusos y el desempeño de los defensores.

La nueva conducción de la Unidad Penitenciaria n° 7 niega que haya sobrepoblación en el establecimiento, aunque sí admite el aumento de procesados por delitos de violencia y desobediencia a restricciones. Por otro lado, sostiene que los traslados a otras cárceles se deben a situaciones de indisciplina de los internos. 

El Periódico dialogó con los abogados penalistas Mario Ruiz, Damián Bernarte y Rubén Caffaratta, quienes reflejaron la situación por la que atraviesan varios de sus clientes y que también termina afectando las labores de los defensores.

“Colapsado

Para  Mario Ruiz el sistema penitenciario local está colapsado y el problema comienza en la misma Alcaidía de la Policía Departamental. “Tengo el ejemplo de clientes que son detenidos en la Jefatura cuyo lugar es inhabitable, ediliciamente no se puede tener a nadie porque es un desastre, con las cloacas tapadas y sin lugar para que el detenido tenga siquiera para acostarse”, revela.

"A partir de ahí-continua- las directivas desde los Tribunales locales es que se remitan al establecimiento penitenciario n° 7 que está colapsado, no los reciben porque no tienen lugar, entonces van haciendo cupos. ¿Qué es lo que pasa? Esos detenidos van a parar a Bouwer en Córdoba, a Villa María, Río Cuarto o Cruz del Eje. Lo que significa que yo como abogado defensor pierdo el contacto con el cliente y la competencia en la etapa de ejecución de sentencia. El cliente pierde al defensor que eligió, o sea que ya se ataca una garantía constitucional e incluso la del debido proceso”.

Ruiz también recrimina que el detenido pierde el contacto con su familia, lo que vulnera la garantía de la cohesión familiar.

“Con los casos de violencia de género y familiar se ha incrementado la población de una manera exponencial y se han cubierto todos los cupos existentes de los establecimientos penitenciarios de la provincia. Pero esta es una cuestión administrativa en la que debe intervenir el Ministerio de Justicia para poner una solución a esto”, pide el letrado.

Problema agravado

El penalista Damián Bernarte, también concejal por Mejor San Francisco, asegura que la sobrepoblación carcelaria es un problema que se ha ido agravando con el tiempo.

“Hoy lo que tenemos es una situación agravada que tiene que ver con los casos de privaciones de libertad que se dan en el marco de delitos que se han hecho más visibles, como son los de integridad sexual y de violencia de género. Eso contribuye al aumento de personas privadas de su libertad”, explica.

Por otro lado insiste: “También la cárcel estaba pensada para condenados y la realidad es que lo que aumenta ante este tipo de casos es la cantidad de procesados que esperan juicios privados de su libertad. Más allá de los fallos de la corte Suprema y del Tribunal Superior de Justicia que dicen que las medidas de encierro cautelares durante el proceso deben ser excepcionales, la realidad indica es que cada vez hay mayor cantidad de personas privadas de la libertad”.

Bernarte manifiesta con preocupación que este problema de sobrepoblación no se encuentre en la agenda política pero que sí lo esté el aumento de penas.

La disciplina como excusa

“Si bien uno de los principios de la Ley de Ejecución Penitenciaria es el de la proximidad del detenido con su núcleo familiar, porque se supone que ese contacto debería generar condiciones favorables para la reinserción social, nos encontramos con que muchas personas son derivadas a institutos penitenciarios alejados de la ciudad. Muchas veces fundado en cuestiones de disciplina, claro que la convivencia se hace más difícil cuanto mayor es la superpoblación”, agrega Bernarte. 

Así, según el penalista se entorpece el contacto con el cliente, pero más importante aún es que se dificulta el contacto de la persona imputada o condenada con su familia.

El aumento de procesados pone en jaque el correcto funcionamiento de la cárcel

“Problemas y trastornos para el proceso penal

De esta manera grafica la situación el penalista Rubén Caffaratta. Evidentemente no hay lugar en la cárcel local, pero toda esa situación está generando a las personas que son de San Francisco o de la zona que sean trasladados a una cárcel como Bouwer. Lo más grave es que están lejos de todos los familiares. Pero otra dificultad es que ante cualquier acto procesal no sabés a qué hora llega tu cliente. Me ha ocurrido que un cliente tenía que estar a las 9 en los Tribunales locales para hacer una pericia y por el traslado desde Córdoba llegó a las 11 y no se ha podido hacer lo que genera ciertas anomalías dentro del proceso penal”, cuenta.

Para Caffaratta se están violando los derechos de una persona privada de la libertad. “El principal es que no está cerca de su ámbito familiar y luego cada vez que lo solicita la fiscalía deben ser trasladados. Y se tienen que hacer 440 kilómetros, los tienen 20 minutos y los vuelven a trasladar, con todo el gasto que eso significa”.

Para el letrado son graves trastornos dentro del proceso penal que “en algún momento hay que tomar medidas”.

En diálogo exclusivo con El Periódico, el director del establecimiento, alcaide mayor Cristian Namur revela que la capacidad total del establecimiento es de 400 internos y que en la actualidad cuenta con 370 reclusos alojados. Además adelanta que se esté llevando adelante trabajos de ampliación para unas 24 plazas más, por lo que desestimó las manifestaciones de los abogados.

Pabellón de mujeres

Por otra parte, Mario Ruiz se quejó ante la falta de un pabellón para mujeres en San Francisco. “Es una vergüenza que no exista un espacio para albergar a las mujeres de toda esta jurisdicción que van a parar a Villa María. Con lo que también estamos ante la misma problemática, hay detenidas que son madres y no ven a sus hijos por meses. Además que los traslados por visitas familiares son cada dos o tres meses y por dos o tres horas”, expresó.