A pesar de atravesar una sesión del Concejo Deliberante inusitadamente extensa por la discusión en torno a la no renovación del contrato a la empresa Servicios y Consultorías SA, los ediles de los distintos bloques sí coincidieron en declarar públicamente su repudio por la presencia en la ciudad de San Francisco del exrepresor Jorge Balla quien fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Cada partido político había presentado un proyecto de resolución manifestando su disconformidad ante la presencia del exmilitar condenado en nuestra ciudad y solidarizándose con los organismos de derechos humanos locales, por lo que llegaron a un acuerdo para presentar un escrito en conjunto repudiando la estadía de Balla.   

En el fundamento del proyecto puede leerse que “(…) las Fuerzas Armadas en su conjunto se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo un plan de aniquilación a todos los que, por alguna razón les parecían diferentes. Parados en otra vereda, disidentes o críticos, sencillamente pasaban a ser “guerrilleros o subversivos”, es decir, enemigos que debían ser aniquilados (…) El ex sargento José Balla, quien perteneció a esta patota gobernante fue responsable y partícipe de aunque sea responsable o partícipe de aunque solamento uno de estos hechos aberrantes, es motivo más que suficiente para que este Concejo declare el repudio por su presencia en nuestra ciudad”.

Por su parte, el concejal por el Frente de Todos, Andrés Romero, ya había manifestado su malestar ante la noticia de la residencia del exmilitar en San Francisco: "Este hombre hostigaba y amenazaba a los vecinos de su localidad, ¿entonces quién garantiza que esto no vuelva a suceder?", se preguntó el edil.

"Esta situación-agregó Romero- es un riesgo que expone a los vecinos y vecinas a vivir junto a uno de los autores de los crímenes más oscuros de nuestra historia. Exigimos cárcel común, perpetua y efectiva a todos los responsables de la última dictadura cívico militar en nuestro país".

Engaño y conflicto

Balla había dejado su domicilio en Santa Fe a comienzos de abril. Lo retiró un coche de Gendarmería Nacional, sin esposarlo (tiene una tobillera electrónica) y lo trajo hacia San Francisco, su nueva ciudad donde cumplirá hasta ahora la perpetua, aunque con el beneficio de hacerlo en un departamento céntrico.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe en un fallo firmado el pasado 4 de abril, ante los incidentes con sus vecinos.

El arribo del represor condenado despertó un repudio generalizado en la ciudad. Los organismos de derechos humanos locales, sumado a gremios, partidos políticos, instituciones, entre otros, se mostraron en “estado de alerta”.

Por otra parte, el propietario del inmueble donde empezó a vivir quien fuera condenado por la masacre de Ituzaingó y Las Heras, de 1977, pidió mediante una carta documento el desalojo de este departamento ya que adujo haber sido engañado al momento de concretar el contrato de alquiler.

“En el mes de febrero una señora, según ella divorciada, se presentó solicitando alquilar un inmueble para vivir acá. Presenta una garantía, se piden los informes y la garantía era correcta, no había problema. Entonces se celebra el contrato de locación y se alquila el inmueble, sin decir una palabra de que convivía o no sé qué relación tenía la persona que está con prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad. El haber ocultado un caso de este tipo para mí es suficiente para pedir la rescisión del contrato”, sostuvo a El Periódico Alberto Esper, el locador.

Esper aduce, además, que recibió las inquietudes de los demás inquilinos del edificio que no quieren la presencia del genocida. En la carta documento, se le dan 15 días a la locataria para que entregue la posesión del inmueble, para que Balla se vaya definitivamente.