“Nos preocupa y nos ocupa”, opinó el jefe policial sobre los efectivos denunciados por violencia de género

Policiales 11/03/2021
El Comisario Mayor Pablo Berardo se refirió a cómo perjudica el accionar de la fuerza este tipo de situaciones, las cuales, aseguró, se intentan corregir.
pablo berardo
Comisario Mayor Pablo Berardo.

A comienzo de la semana, se conoció que dos policías de la Departamental San Justo, que cumplen funciones en San Francisco, fueron denunciados por dos compañeras de trabajo por presuntos malos tratos. A raíz de ello, el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil solicitó a la fuerza una serie de medidas cautelares para proteger a las denunciantes: una sargento y una cabo.

En este sentido el jefe policial manifestó: “Como en cualquier institución indudablemente que internamente en el marco de las actividades laborales surgen inconvenientes entre el personal policial. Esto ha desencadenado que se hayan radicado denuncias por violencia de género puntualmente, lo que ha implicado que tomara participación el Juzgado de Violencia, tomando las medidas cautelares correspondientes y lo está dirimiendo la Justicia”.

Departamental San Justo

“Nosotros lo que hacemos -continuó- es activar el protocolo interno nuestro y adoptar las medidas que el Tribunal de conducta policial nos ordena”.

El Protocolo de Actuación para el Personal Policial en Situación de Violencia Familiar o de Género, dispone que, entre otras cosas, durante la vigencia de las medidas tomadas por la Justicia, se les retiren las armas reglamentarias a los afectados. Esta disposición administrativa, cabe aclarar, se aplica tanto al agresor como a la víctima.

“Seguro que nos preocupa -remarcó Berardo- y de hecho nos ha ocupado porque es un proceso que recién empieza. Con el gabinete de psicología vamos a tener que trabajar sobre los hombres, capacitación y cursos que deberán hacer sobre violencia de género y familiar y trabajar también con las víctimas para que se sientan de la mejor manera a su retorno laboral”, destacó.

Además, Berardo dijo que esta situación “no solo resiente el servicio, sino que nos complica un poco la actividad policial”.  

Lo que determinó la Justicia

Según se conoció, los apuntados serían un oficial inspector de la División Investigaciones y un sargento adscripto que cumple tareas en los Tribunales locales.

El juez de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil, Andrés Peretti, informó a El Periódico que son dos las denuncias radicadas, aunque agregó que son independientes una de otra. Las calificó como “denuncias de violencia de género de tipo laboral” y entre las medidas solicitadas enumeró: el impedimento de contacto (perimetral) de presencia y por cualquier medio: verbal, telefónica, personal, incluso por medios informáticos o cibernéticos entre denunciante y denunciado; la intimación al denunciado para que cese de inmediato la violencia directa y/o indirecta de carácter institucional, psicológica, laboral, y/o económica/patrimonial que se estuviere ejerciendo sobre la denunciante; también instó a la Policía de la Provincia de Córdoba a arbitrar los medios necesarios para compatibilizar la jornada laboral del denunciado y de la denunciante en atención a las medidas cautelares ordenadas.

Por otra parte, otra de las medidas fue ordenar la permanencia de la denunciante en el espacio laboral donde realiza sus actuales funciones, conservando su cargo jerárquico y remuneración, mientras duren las medidas preventivas y ordenar la inserción del denunciado en programas educativos y/o reflexivos especializados en la materia de violencia de género, debiendo acreditar ese extremo en el plazo de 10 días, bajo apercibimiento de ley.

Por último, se exige a la fuerza policial la formación obligatoria con perspectiva de género y diversidad sexual dirigida a las y los agentes de esa fuerza, con el objetivo de garantizar buenas prácticas en el abordaje de las situaciones de violencia de género.

No es la primera vez

El año pasado, cabe aclarar, el comisario inspector Rubén Caporali y el comisario Ariel Figueroa, ambos de la Departamental San Justo, fueron acusados de ejercer violencia de género y laboral en perjuicio de una mujer policía. Tras ello, el primero fue trasladado a la Departamental Punilla, mientras que el segundo se encuentra con licencia.

Más de El Periódico

Newsletter

Te puede interesar