Dos policías de la Departamental San Justo, que cumplen funciones en San Francisco, fueron denunciados por dos compañeras de trabajo por presuntos malos tratos. A raíz de ello, desde el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil se solicitó a la fuerza una serie de medidas cautelares para proteger a las denunciantes: una sargento y una cabo.

Según se conoció, los apuntados serían un oficial inspector de la División Investigaciones y un sargento adscripto que cumple tareas en los Tribunales locales.

Por otra parte, a ambos efectivos se les aplicó desde la fuerza el Protocolo de Actuación para el Personal Policial en Situación de Violencia Familiar o de Género, que, entre otras cosas, dispone que durante la vigencia de las medidas tomadas por la Justicia se les retiren las armas reglamentarias. Esta disposición administrativa, cabe aclarar, se aplica tanto al agresor como a la víctima.

Medidas dictadas por la Justicia

El juez a cargo del área, Andrés Peretti, informó a El Periódico que son dos las denuncias radicadas, aunque agregó que son independientes una de otra. Las calificó como “denuncias de violencia de género de tipo laboral” y entre las medidas solicitadas enumeró: el impedimento de contacto (perimetral) de presencia y por cualquier medio: verbal, telefónica, personal, incluso por medios informáticos o cibernéticos entre denunciante y denunciado; la intimación al denunciado para que cese de inmediato la violencia directa y/o indirecta de carácter institucional, psicológica, laboral, y/o económica/patrimonial que se estuviere ejerciendo sobre la denunciante; también instó a la Policía de la Provincia de Córdoba a arbitrar los medios necesarios para compatibilizar la jornada laboral del denunciado y de la denunciante en atención a las medidas cautelares ordenadas.

Por otra parte, otra de las medidas fue ordenar la permanencia de la denunciante en el espacio laboral donde realiza sus actuales funciones, conservando su cargo jerárquico y remuneración, mientras duren las medidas preventivas y ordenar la inserción del denunciado en programas educativos y/o reflexivos especializados en la materia de violencia de género, debiendo acreditar ese extremo en el plazo de 10 días, bajo apercibimiento de ley.

Por último, se exige a la fuerza policial la formación obligatoria con perspectiva de género y diversidad sexual dirigida a las y los agentes de esa fuerza, con el objetivo de garantizar buenas prácticas en el abordaje de las situaciones de violencia de género.

No es la primera vez

El año pasado, cabe aclarar, el comisario inspector Rubén Caporali y el comisario Ariel Figueroa, ambos de la Departamental San Justo, fueron acusados de ejercer violencia de género y laboral en perjuicio de una mujer policía. Tras ello, el primero fue trasladado a la Departamental Punilla, mientras que el segundo se encuentra con licencia.