Investigan a otro ex funcionario de Cambiemos: fue imputado por enriquecimiento ilícito

Más información 10/02/2021
El ex secretario general de la Presidencia Fernando De ANdreis declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $2.258.147 y se retiró 4 años después declarando un patrimonio neto de $13.149.190.
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El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al ex secretario de la Presidencia Fernando De Andreis y abrió la investigación por enriquecimiento ilícito originada en la denuncia del diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade.
 
La fiscalía dispuso que “a los fines de delimitar temporalmente, el objeto procesal denunciado, en virtud del suceso de relevancia penal traído a estos estrados judiciales, compúlsese la página web del sistema de registro de datos NOSIS respecto de cada una de las personas y empresas descriptas, debiéndose incorporar a la presente vía digital”.
 
También se denunció a la exsubsecretaria de Comunicación Presidencial, Fátima Micheo, quien según la denuncia multiplicó por 25 el patrimonio que declaró al hacerse cargo de los discursos y la puesta comunicacional del expresidente, según la denuncia.

Ambas acusaciones recayeron en el juzgado de Sebastián Casanello, quien delegó el caso en el fiscal Di Lello.

Según la denuncia, De Andreis comenzó en la gestión pública nacional declarando ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $2.258.147 y se retiró 4 años después declarando un patrimonio neto de $13.149.190, resultante de un activo de $20.998.923,92 y un pasivo de $7.849.733,62, es decir que el mismo se habría incrementado casi seis veces.

Denuncia

Tailhade denunció que sl patrimonio de De Andreis creció de manera “apreciable e injustificada” durante el tiempo que integró la administración encabezada por Mauricio Macri.

El denunciante señaló que de acuerdo a las declaraciones juradas presentadas por ambos exfuncionarios ante la Oficina Anticorrupción (OA) “puede apreciarse que durante la función pública éstos aparentemente se han enriquecido patrimonialmente de manera apreciable e injustificada, en relación con sus ingresos legítimos demostrados”.

El período de tiempo enfocado en la denuncia es el que transcurrió mientras los denunciados ejercieron cargos públicos a nivel nacional, es decir entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.

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