La Asociación de Anestesia Analgesia y Reanimación de Córdoba (ADAARC), que representa a los médicos de esta especialidad (son nueve en San Francisco) aseguró que los dos profesionales imputados por la Justicia local en las últimas semanas no incurrieron en acciones de coacción ni mucho menos de abandono de persona.

Su presidente, Matías Vaccari, mostró preocupación ante el accionar judicial, pero además apuntó a las clínicas y sanatorios de San Francisco: “Los médicos imputados son profesionales con un altísimo nivel de preparación y compromiso con el ejercicio de su especialidad; y no han incurrido en acciones de coacción y mucho menos en abandono de persona, muy por el contrario”, indicó en diálogo con El Periódico.

Sobre finales de noviembre y mediados de este mes, en distintos centros privados de salud de nuestra ciudad, dos médicos de esta especialidad terminaron imputados al pedir que se le abone una suma mayor por sus servicios a la presuntamente estipulada. Ocurrió con pacientes cuya obra social era PAMI.

En este sentido, Vaccari aclaró que PAMI les abona a las clínicas el dinero previo que corresponda a las prestaciones médicas y en forma anticipada: “Usa un modelo de cápita, es decir, paga un monto de dinero por cada afiliado. Hasta donde sabemos, lo hace con regularidad y las clínicas, a su vez, abonan lo que sea necesario para que el acto médico suceda. En el caso de los médicos, lo más común es que estos presten un servicio a demanda, es decir por cada prestación anestésica, y el médico pretende un honorario pagado de cierta forma, lo que se acuerda en el marco de un contrato que la mayoría de las veces es verbal”.

El titular de ADAARC, luego especificó: “En este caso, lo que ha sucedido es que los profesionales, por diversas circunstancias como el atraso en los pagos o no estar de acuerdo en los montos o la actualización de los mismos, y habiéndose solicitado un reajuste o el cobro de los honorarios atrasados, no llegaron a un acuerdo con los diferentes nosocomios. A partir de ese momento, se les notificó que, por no estar más vinculados al contrato, es decir, haber disuelto el convenio previo, los médicos iban a considerar a aquellas prácticas en pacientes con cobertura PAMI como Particulares y les hicieron llegar a la clínica un listado de honorarios pretendidos”, recordó.

De esta forma, Vaccari expresó que el anestesiólogo solicitó su honorario y “no un extra y mucho menos un plus”. Además dijo que hacer el pedido ante el paciente fue decisión de los diferentes nosocomios, “ya que al informar sus honorarios, la institución se niega a abonarlos, le pide que se lo solicite al paciente y, en una forma bastante reñida con la ética, ingresa a pacientes de manera programada a la institución a sabiendas de que no tiene asegurada, al menos, la constitución del equipo quirúrgico”.

Según indicó el entrevistado, estos reclamos y notificaciones se vienen dando desde mediados de año, habiéndose solicitado en reuniones virtuales y presenciales. Pero consideró que las clínicas y sanatorios se negaron a avanzar en una solución.

LO QUE DIJO EL FISCAL

"Ante estos hechos tomé contacto con algunos referentes de los anestesistas, hablamos de la situación y les informé sobre el rol de la fiscalía en cuanto a este tipo de actitudes. Les advertí que si se reiteraban estas situaciones, podían llegar a tener consecuencias penales y finalmente fue lo que sucedió", señaló Bernardo Alberione.

Amedrentamiento

Vaccari marcó que existieron “severas omisiones (de los centros de salud) en la presentación ante la Justicia”, perjudicando al colectivo de médicos.

“En algún punto creemos que esto funcionó como un amedrentamiento; de hecho, las clínicas a través de la asesoría letrada convocaron a escribanías para llevar adelante actas notariales que no se les mostraron a los profesionales, quienes tampoco las firmaron y de las cuales los médicos desconocen el contenido. Nos preguntamos si esta actitud no constituye una verdadera coacción y debiera ser investigada por la Justicia”, puntualizó y agregó que evalúan formalizar su denuncia. Al mismo tiempo subrayó que el profesional médico “se encuentra en una desventaja sistémica en la correlación de fuerzas contra una estructura institucional”.

Sobre los dos casos ocurridos en la ciudad

Según la ADAARC, en el primer caso sucedido en el sanatorio San Justo, el anestesiólogo se comunicó previamente con la familia del paciente para ponerla al tanto de la situación: “En el momento que el fiscal (por Bernardo Alberione) requirió su presencia en la fiscalía, estaba culminando la anestesia de un infante. Para sorpresa suya, cuando concluye este acto, el fiscal se había apersonado en la institución e hizo conducir por la fuerza pública a la fiscalía al médico, por lo cual nunca tomó contacto con la paciente. En el segundo caso, el anestesiólogo, al concurrir a la clínica Regional del Este, era aguardado por la policía que lo llevó a la fiscalía; es decir, no llegó a ver a la paciente”, detalló Vaccari, quien insistió en que no se trata de un plus lo solicitado y que las clínicas están al tanto de la situación: “Se han sometido a los profesionales a un verdadero escarnio público”, cuestionó.

Para los anestesiólogos, de continuar esta situación se pondrá en riesgo la realización de actos médicos seguros: “Que se entienda bien, el PAMI abona por las prestaciones pero la intermediación hace que el honorario médico quede relegado, una vez más, a lo último. Estamos a entera disposición para colaborar tanto con la Justicia, como con el PAMI y las clínicas para buscar la mejor solución al conflicto”, finalizó Vaccari.