Prófugos detenidos: facturas a su nombre, presuntas sociedades y reclutamientos

Tras dos semanas prófugos de la Justicia, los hermanos Mario y Rodolfo Tapiero quedaron detenidos este lunes en la causa donde se investiga una evasión millonaria, por medio de una usina de facturas truchas y la conformación de empresas fantasmas.

Las detenciones se realizaron durante horas de la mañana en un procedimiento de la Policía Federal en la vía pública, en la esquina de calle Pellegrini y bulevar 25 de Mayo. Los dos detenidos, cabe recordar, tenían pedido de captura emitido por la Justicia Federal. En ese momento estaban reunidos con el abogado Mario Ruiz en su estudio jurídico.

Con estas detenciones, ya no quedan prófugos en la investigación que llevan adelante los fiscales federales Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian, de Córdoba Capital, junto al fiscal de San Francisco, Luis María Viaut. La pesquisa se remonta al año 2017, a raíz de datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Los Tapiero, de 30 y 34 años, eran buscados porque su nombre aparecería en las facturas falsas conformadas por esta especie de usina, además de figurar presuntamente al frente de sociedades. También se estudia si eran reclutadores de personas a las cuales, a cambio de un dinero mensual (unos 10 mil pesos por un lapso de tiempo), les tomaban sus datos personales y claves fiscales para generar empresas fantasmas. Inclusive, otro de los detenidos, Mariano Planells, dijo el pasado jueves cuando le tomaron declaración que habría sido engañado por estas personas. Este también es investigado como presunto reclutador.

Todos imputados, con diferentes roles

En el operativo de esta mañana, las ocupaciones de los dos hermanos fueron descriptas como "changarín" y "camionero" al momento de leerle los uniformados sus derechos. Fuentes de la investigación, además, señalaron que están siendo investigados por su presunta vinculación con los detenidos Mauricio Pizzi y Lucas Zoppetto, de Devoto y San Francisco respectivamente, sindicados como los cabecillas de la banda en nuestra región. Ambos se abstuvieron de declarar y negaron los hechos. La imputación es “asociación ilícita fiscal”, como el resto de los demás detenidos. cabe destacar que todavía el fiscal Luis María Viaut no imputó teniendo en cuenta los roles de cada uno de ellos.

Además de Pizzi, Zoppetto, los Tapiero y Planells, se encuentran detenidos los contadores Miguel Montali, de San Francisco, y Domingo Benso, además gerente del Grupo Cooperativo Devoto. También quedaron a disposición de la Justicia Diego Manzotti (contador) y la esposa de Pizzi, María Abtt; Omar y Agustín Gianelli (de un estudio jurídico contable) y Pablo Barbieri, de la ciudad de Morteros. A ellos se sumó Marlene Von During, pareja de uno de los dos hermanos Tapiero que permanecían prófugos.

Diez en prisión, tres con domiciliaria

La causa tiene en nuestra región 13 detenidos, tres de ellos con prisión domiciliaria.

Según explicó el juez federal Pablo Montesi a El Periódico, se decidió aplicar la perspectiva de género en relación a las mujeres detenidas, ya que ambas son madres y tienen hijos a su cuidado. En el caso de Von During tiene un hijo con una discapacidad, mientras que Abtt es madre de dos niños.

Respecto a Miguel Montali, la decisión se fundamenta en que padece una serie de problemas de salud que lo hace persona en riesgo en caso de que contraiga coronavirus. El magistrado aclaró que al contador se le negó el pedido de excarcelación, por lo que continuará detenido en su domicilio a cargo de un hijo, quien deberá controlar que cumpla con lo establecido por la ley.

Los restantes están alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) del penal de Bouwer, en la ciudad de Córdoba.

En el caso de Domingo Benso, su abogado también pidió la excarcelación, aunque el Juzgado Federal no resolvió por el momento la presentación.

La “asociación ilícita fiscal” es un delito no excarcelable, ya que contempla penas mínimas superiores a los 3 años de prisión.

Los otros imputados

Además de los 13 detenidos, la cantidad de imputados en nuestra región se acerca a los 30. Y si bien todos se encuentran con la misma figura penal, “asociación ilícita fiscal”, las responsabilidades son diferentes según los casos. Empezarán a ser indagados por estos días. 

Lo que tratan de determinar los investigadores es cómo se fue armando la cadena de integrantes que en nuestra zona creó unas 2.700 las facturas falsas. Para ello, las cabezas de este sistema delictivo –detenidas según las Justicia Federal- necesitaron de otras personas: a algunas las usaron a cambio de un dinero mensual que duró hasta un trimestre y a otras directamente las engañaron.

¿Cuáles eran los roles? Algunos se dedicaban a fabricación de las facturas, otros buscaban “clientes” para venderlas; también se apeló a personas sin capacidad contributiva a las que se engañó para robarle su clave fiscal y conformar empresas fantasmas. Otras se prestaron a la maniobra ante la desesperación de pasar un pésimo momento económico y actuaron además como “reclutadores”, ya que su función era conseguir más personas para generar claves fiscales y robarlas. Pero también hay empresas reales vinculadas que compraban las facturas falsas a la banda investigada y evadían.

A través de esos tickets apócrifos se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por 430 millones de pesos entre los años 2017 y 2020, según informó Afip.

¿Causa exclusiva para municipios?

Del mismo origen de esas usinas, se detectaron facturas truchas en la contabilidad de varios municipios, entre ellos del departamento San Justo. En un principio se habló de al menos tres, sin embargo, con el correr de los días se sumarían más por lo que se analiza abrir una causa paralela en este sentido. Estos gobiernos también se sumaron a la metodología de generar facturas falsas para declarar gastos en actividades municipales.

En esta causa ya hay dos casos testigo: las imputaciones de los intendentes de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano del Valle Canto. A estos se los investiga, no como miembros de la asociación ilícita fiscal, sino que se encuentran imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También hay otros funcionarios como partícipes necesarios.