A través de un documento con críticas en duros términos, la Unión Cívica Radical de San Francisco cuestionó la decisión del Gobierno municipal de exigir a quienes ingresen a la ciudad un test rápido en los controles de acceso, el cual deberán costear por su cuenta ya sea en el mismo control u obtenerlo en un laboratorio privado.

Esa exigencia comenzó a regir desde este lunes y el intendente Ignacio García Aresca la justificó al señalar que el objetivo es mantener a la ciudad sin circulación viral y no tener que retroceder de fase ante el aumento de casos en ciudades como Río Cuarto o Villa María. Asimismo, Aresca explicó que habrá excepciones (quienes ingresan por salud, por ejemplo), negó que hubiera un fin recaudatorio y aseguró que con el cobro se pretende comprar mayor cantidad de test.

Desde el radicalismo criticaron la decisión en un documento firmado por el concejal Cristian Canalis y el presidente del Comité local, Francisco Muratore.

El documento fue titulado "Nadie está por encima de la constitución" y consideró la decisión como "unilateral y arbitraria" y como un método que evidencia "más un fin recaudatorio que sanitario".

"Tal medida, no solo atenta con la libertad de libre tránsito del artículo 14 de la Constitución Nacional, sino, que incluso, hace pensar que este Gobierno municipal se arroga atribuciones que ni el Estado de Sitio de nuestra Constitución les confiere a los poderes del Estado Nacional, restringiendo, sin norma alguna, y por solo una medida netamente administrativa, el acceso a aquellos 'que pueden pagar'", criticaron desde la UCR local.

"Los controles sanitarios están bien, es correcto, pero restringir el acceso, por cuestiones netamente económicas, es una clara violación a las garantías constitucionales y pactos de derechos humanos, que nuestro país, y por consecuencia, nuestra ciudad, han ratificado, y son parte de las leyes internas. El Estado –aún en situaciones de excepción- no puede actuar sin normativa expresa cuyo alcance, fundamentación lógica, legalidad y legitimidad se pueda analizar", agregaron.

"¿Acaso el Gobierno municipal se cree que una barrera monetaria va a impedir que el virus se propague? Si piensan eso… están muy equivocados. Si algo ha demostrado esta pandemia, es que, el virus ataca tanto a ricos como a pobres. Más grave aún es la situación, que tal decisión se tome, a solo pocas horas después de haber finalizado la sesión del Concejo Deliberante, donde tal situación, de querer ser normada, debería de ser discutida y planteada", cuestionaron en otro párrafo, y aseguraron que la medida "no cuenta con el tratamiento ni el aval del Concejo, COE, la Legislatura y/o la Provincia".

Finalmente, pidieron al Gobierno local que suspenda "tal abuso de poder" y señalaron que "no puede actuar, por más excepcionales que sean las circunstancias, sin una norma previa (ordenanza) que lo autorice a tal cuestión".