Facturas truchas: la causa avanzará sobre más municipios de la región y no se descartan nuevas detenciones

Local 11/09/2020
Así lo sostienen desde la Justicia Federal. Además, Afip se convertiría en querellante. Los detenidos ya fueron indagados, aunque los imputados en la región son unos 30.
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“Yo soy pintor de toda la vida, pintor de obra y me hicieron firmar unos papeles que pensaba que eran por mi trabajo”. La persona que habla y cuenta se dedica a la construcción en San Francisco y unos años atrás –agrega- trabajó en la casa de uno de las personas que hasta este viernes se encontraba prófuga de la Justicia en la causa donde se investiga una organización que conformaba facturas truchas que luego las vendía a empresas para que evadan impuestos. Está apuntado como unos de los "reclutadores" y quedó demorado sobre finales de la semana. 

Aunque el caso contaba con unos diez detenidos, la mayoría profesionales de los números, la cantidad de imputados en nuestra región se acerca a los 30. Y si bien todos se encuentran con la misma figura penal, “asociación ilícita fiscal”, las responsabilidades son diferentes según los casos.

Lo que tratan de determinar los investigadores es cómo se fue armando la cadena de integrantes que en nuestra zona creó unas 2.700 las facturas falsas. Para ello, las cabezas de este sistema delictivo –detenidas según las Justicia Federal- necesitaron de otras personas: a algunas las usaron a cambio de un dinero mensual que duró hasta un trimestre y a otras directamente las engañaron.

¿Cuáles eran los roles? Algunos se dedicaban a fabricación de las facturas, otros buscaban “clientes” para venderlas; también se apeló a personas sin capacidad contributiva a las que se engañó para robarle su clave fiscal y conformar empresas fantasmas. Otras se prestaron a la maniobra ante la desesperación de pasar un pésimo momento económico y actuaron además como “reclutadores”, ya que su función era conseguir más personas para generar claves fiscales y robarlas. Pero también hay empresas reales vinculadas que compraban las facturas falsas a la banda investigada y evadían.

A través de esos tickets apócrifos se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por 430 millones de pesos entre los años 2017 y 2020, según informó Afip.

La investigación la llevan adelante los fiscales federales Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian, de Córdoba Capital, que investigan esta presunta usina de facturas truchas junto al fiscal de San Francisco, Luis María Viaut. La pesquisa se remonta al año 2017, a raíz de datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

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Cabecillas detenidos

El titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, aseguró en estos días que los cabecillas de la banda están detenidos. También lamentó el uso hacia personas vulnerables, a quienes les robaban la clave fiscal y los convertían, sin que ellos supiesen en la mayoría de los casos, en “empresarios” y responsables inscriptos que facturaban operaciones inexistentes a distintas empresas.

Durante la semana, una mujer fue liberada en la localidad de General Cabrera tras haber sido detenida en esta megacausa. El juez Ricardo Bustos Fierro excarceló a Silvina María Valeria Rincón (32), que figura como directora de una de las empresas sospechadas, con domicilio en Córdoba, sin embargo la imputada es empleada doméstica, tiene baja instrucción educativa y cobra la asignación universal por sus hijos.

Senestrari afirmó que este tipo de personas, de las cuales se aprovecharon, están sufriendo un gran daño moral, de acuerdo a que en muchos casos debieron soportar detenciones.

Maximiliano Hairabedian, fiscal federal N° 3 de Córdoba, confirmó que fueron 80 personas físicas, jurídicas o sociedades creadas para facturar las “que generaron unas 14 mil facturas truchas (total de la investigación) que eran compradas, principalmente, por empresarios y por comerciantes que las usaban para simular operaciones y eso les generaba beneficios”.

“Era una banda de personas que se asociaron para tener una usina de facturas, es decir, generar facturas falsas. Ya sea porque las personas que aparecen no tenían la capacidad contributiva para hacerlo o, si bien se dedicaban, no hacían las facturas”, explicó.

¿Causa exclusiva para municipios?

Del mismo origen de esas usinas, se detectaron facturas truchas en la contabilidad de varios municipios, entre ellos del departamento San Justo. En un principio se habló de al menos tres, sin embargo, con el correr de los días se sumarían más por lo que se analiza abrir una causa paralela en este sentido. Estos gobiernos también se sumaron a la metodología de generar facturas falsas para declarar gastos en actividades municipales.

En esta causa ya hay dos casos testigo: las imputaciones de los intendentes de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano del Valle Canto. A estos se los investiga, no como miembros de la asociación ilícita fiscal, sino que se encuentran imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También hay otros funcionarios como partícipes necesarios.

afip1Facturas truchas: presunta víctima relató cómo fue engañada

Según Hairabedian, en algunos casos los municipios operaban con cifras bajas: “Puede ser que algún proveedor haya facturado a un municipio valiéndose de estos elementos apócrifos, pero había puntualmente dos organismos que tenían una gran cantidad de montos facturados que provenían de estas usinas de facturas apócrifas”, subrayó el funcionario judicial.

Consultadas las fuentes locales sobre si los municipios apuntados en nuestra región habrían operado de manera similar, la respuesta fue afirmativa.


Filtración

Desde los despachos de la fiscalía de San Francisco devuelven hoy un “esto recién empieza” al ser consultados sobre la marcha de la causa, por lo que piensan que habrá más de lo que ya hubo.

Fuentes confiaron a El Periódico que además de la información que surge y debe surgir aún de los allanamientos, las escuchas telefónicas son un elemento importante en la investigación y que determinarían que se filtró información sobre cómo iba a hacer el accionar de la Justicia. ¿Por qué? Hay convencimiento, generado por la prueba recolectada, de que estudios contables fueron avisados de antemano y pudieron ocultar documentación clave para la causa. Básicamente, se piensa, una maniobra entre contadores. Por ello, el fiscal Viaut envió un oficio al Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Cpce) solicitando información sobre la designación de los veedores el día de los allanamientos.


Afip querellante

La investigación es llevada adelante además por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y el Ministerio Público Fiscal, y se apunta a estudios contables y empresas. La primera se convertiría en querellante en la causa.


Delito no excarcelable

Los diez detenidos en nuestra región fueron indagados este martes en su totalidad vía Skype, ya que se encuentran detenidos en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de Córdoba.

Ellos son los contadores Miguel Montali, de San Francisco, y Domingo Benso, además gerente del Grupo Cooperativo Devoto. También quedaron a disposición de la Justicia Lucas Zoppetto (contador), de nuestra ciudad; Diego Manzotti (contador) y Mauricio Pizzi (sería ex empleado del grupo cooperativo), este último junto a su esposa María Abtt, de Devoto; Omar y Agustín Gianelli (de un estudio jurídico contable) y Pablo Barbieri, de la ciudad de Morteros. A ellos se sumó Marlene Von During, esposa de uno de los dos prófugos que son Rodolfo Luis y Mario Elías Tapiero.

La “asociación ilícita fiscal” es un delito no excarcelable, ya que contempla penas mínimas superiores a los 3 años de prisión.


Domingo Benso

El abogado defensor de Domingo Benso, director del Grupo Cooperativo Devoto, informó a El Periódico que pidió la excarcelación de su defendido.

Guillermo Biazzi, quien lleva adelante la defensa del referente del cooperativismo regional, indicó que el pedido se fundamenta en varios puntos: “Benso está arraigado en Devoto y es una persona que no va entorpecer la investigación. También tiene una hija con capacidades diferentes a cargo, y su madre mayor de edad. Además, él tiene problemas de salud que ante la pandemia ameritan este pedido”, explicó.

Luego sostuvo: “No le achacarían la comercialización sino que las facturas electrónicas habrían sido remitidas desde el IP que corresponde a la cooperativa de servicios públicos de Devoto, donde él es representante legal”.

Por su parte, desde el Grupo Cooperativo Devoto dieron su versión sobre el vínculo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y su gerente con la causa que se investiga.

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"Todo indica que desde el IP de la Cooperativa, prestadora del servicio de Internet en Devoto, utilizado por un usuario del servicio se emitieron facturas truchas y peor aún mediante hacker se cambió la condición tributaria de algunos ciudadanos en Afip, lo que permitía operar con ese nombre", indicaron en un comunicado.

Asimismo, agregaron que el allanamiento a la Cooperativa tuvo resultado negativo y que Benso se mantuvo a disposición de la Justicia.

En otro párrafo, señalaron que Benso es el representante legal de la Cooperativa, quien firma el contrato con la empresa prestadora del servicio de internet que brinda la Cooperativa local. "La Cooperativa prestadora desde cuyo IP se actúa no es responsable del uso que cada usuario le da al servicio", subrayaron.

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