Abogado de Domingo Benso pidió su excarcelación en la causa de las facturas truchas

Local 09/09/2020
Así lo indicó el letrado a El Periódico. Cabe destacar que desde el Grupo Cooperativo Devoto apuntan a que un usuario del servicio de internet llevó adelante las maniobras de estafa utilizando la conexión IP de la Cooperativa.
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La semana pasada se llevaron a cabo múltiples procedimientos en inmuebles ubicados en nuestra ciudad y el país.

El abogado defensor de Domingo Benso, director del Grupo Cooperativo Devoto, informó a El Periódico que pidió la excarcelación de su defendido en la causa donde se investiga la conformación de facturas truchas para evadir impuestos y la creación de empresas fantasmas. El contador, uno de los nueve detenidos en nuestra región, permanece alojado en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de la ciudad capital.

Guillermo Biazzi, quien lleva adelante la defensa del referente del cooperativismo regional, indicó a El Periódico que el pedido de excarcelación, para que siga el proceso judicial en libertad, se fundamenta en varios puntos: “Benso está arraigado en Devoto y es una persona que no va entorpecer la investigación. También tiene una hija con capacidades diferentes a cargo, y su madre mayor de edad. Además, él tiene problemas de salud que ante la pandemia ameritan este pedido. El juez (por Pablo Montesi) previa vista al fiscal (Luis María Viaut) debe resolver si Benso estará el resto del proceso en libertad o le dicta prisión preventiva”, explicó.

Benso, al igual que los ocho detenidos restantes, se encuentra imputado de “asociación ilícita fiscal”, un delito no excarcelable ya que contempla penas mínimas superiores a los 3 años de prisión. Este martes fue indagado y ante el juez Montesi fundamentó su inocencia.

En referencia a ello, Biazzi indicó que a su cliente le tomaron indagatoria y le informaron el delito por el que se lo imputa:  “No le achacarían la comercialización sino que las facturas electrónicas habrían sido remitidas desde el IP que corresponde a la cooperativa de servicios públicos de Devoto, donde él es representante legal. Pero hasta el momento hay secreto de sumario”.

benso principal
Domingo Benso.

Por otra parte, Rubén Caffaratta, abogado defensor de Mariano Pizzi, María Isabel Abbt y Diego Manzotti, también imputados por el mismo delito, confirmó en declaraciones a Radio Estación que sus defendidos negaron en la indagatoria la acusación que pesa sobre ellos, pero no respondieron preguntas.

Comunicado del grupo cooperativo 

Fuentes del Grupo Cooperativo Devoto dieron este miércoles su versión sobre el vínculo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y su gerente con la causa que se investiga. Según precisaron en un escrito al que accedió El Periódico, "todo indica que desde el IP de la Cooperativa, prestadora del servicio de Internet en Devoto, utilizado por un usuario del servicio se emitieron facturas truchas y peor aún mediante hacker se cambió la condición tributaria de algunos ciudadanos en AFIP lo que permitía operar con ese nombre".

Asimismo, agregaron que el allanamiento a la Cooperativa tuvo resultado negativo y que Benso se mantuvo a disposición de la Justicia.

En otro párrafo, señalaron que Benso es el representante legal de la Cooperativa, quien firma el contrato con la empresa prestadora del servicio de internet que brinda la Cooperativa local. "La Cooperativa prestadora desde cuyo IP se actúa no es responsable del uso que cada usuario le da al servicio", subrayaron.

Finalmente, indicaron que se aguardan "novedades en cuanto a la liberación del gerente" y reiteraron que tanto Benso como los representantes de la demás entidades integrantes del Grupo Cooperativo Mutual Devoto se encuentran a disposición de la Justicia.

Cómo sigue la causa

Tras las indagatorias, el juez Montesi tiene diez días para resolver la situación procesal de cada uno de los detenidos. Entre las opciones se encuentra el procesamiento, la falta de mérito -lo que implicaría archivar la causa- o el sobreseimiento. En el caso que suceda lo primero, el juez deberá resolver la cuestión ambulatoria de los acusados donde las opciones son mantener la prisión preventiva, domiciliaria o el excarcelamiento. Esto último implicaría seguir el proceso judicial en libertad.

Por el momento, además, no se puede hablar de roles, pero sí estas personas fueron notificadas sobre los hechos imputados.

Por otra parte, hay cuatro prófugos de la Justicia. Uno de ellos, una mujer –no trascendió su identidad- presentó este lunes mediante su abogado una solicitud de excarcelación que fue rechazada, por lo que se aguarda su detención.

Según la investigación, son unas 2.700 las facturas falsas a través de las cuales se habría emitido documentación adulterada en nuestra región por más de $2.800 millones. Con estas facturas “truchas”, entre los años 2017 y 2020 se evadieron impuestos por unos $430 millones, según señaló la Afip esta semana.

Los detenidos

Entre los detenidos se encuentran los contadores Miguel Montali, de San Francisco, y Domingo Benso, además gerente del Grupo Cooperativo Devoto. También quedaron a disposición de la Justicia Lucas Zoppetto (contador), de nuestra ciudad; Diego Manzotti (contador) y Mauricio Pizzi (sería ex empleado del grupo cooperativo), este último junto a su esposa María Abtt, de Devoto; Omar y Agustín Gianelli (de un estudio jurídico contable) y Pablo Barbieri, de la ciudad de Morteros.

La investigación es llevada adelante además por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y el Ministerio Público Fiscal, y se apunta a estudios contables y empresas.

Metodología e impacto

Lo que se trata de corroborar es la existencia una banda organizada para cometer estos delitos impositivos, vinculada a contadores de Córdoba capital y de San Francisco. Entre las metodologías utilizadas se encontraría la apropiación de la clave fiscal de personas sin capacidad contributiva, con el fin de generar las facturas falsas que habrían sido utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes. Además mencionaron la creación de empresas fantasmas, sin capacidad económica ni movimiento bancario, que también se usaban para facturar.

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