Los nueve detenidos en nuestra región por la causa donde se investiga la conformación de facturas truchas para evadir impuestos y la creación de empresas fantasmas, fueron indagados este martes en su totalidad vía Skype, ya que se encuentran detenidos en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de Córdoba.

Las indagatorias, que iniciaron el lunes con la participación de unos de los detenidos e imputados, el contador de nuestra ciudad Lucas Zoppetto, continuó este martes con los ocho restantes. Algunos de ellos decidieron abstenerse de realizar declaraciones ante el juez federal Pablo Montesi. Otros, en tanto, se declararon inocentes y fundamentaron su posición, tal com lo hizo el titular del Grupo Cooperativo Devoto, Domingo Benso. 

Todos se encuentran imputados de “asociación ilícita fiscal”, un delito no excarcelable ya que contempla penas mínimas superiores a los 3 años de prisión.

Son unas 2.700 las facturas falsas a través de las cuales se habría emitido documentación adulterada en nuestra región por más de $2.800 millones.

Ahora, Montesi tiene diez días para resolver la situación procesal de cada uno de los detenidos. Entre las opciones se encuentra el procesamiento, la falta de mérito -lo que implicaría archivar la causa- o el sobreseimiento. En el caso que suceda lo primero, el juez deberá resolver la cuestión ambulatoria de los acusados donde las opciones son mantener la prisión preventiva, domiciliaria o el excarcelamiento. Esto último implicaría seguir el proceso judicial en libertad.

Por el momento, además, no se puede hablar de roles, pero sí estas personas fueron notificadas sobre los hechos imputados.

Por otra parte, hay cuatro prófugos de la Justicia. Uno de ellos, una mujer –no trascendió su identidad- presentó este lunes mediante su abogado una solicitud de excarcelación que fue rechazada, por lo que se aguarda su detención.

¿Más municipios de la región involucrados?

El caso avanza en la Fiscalía Federal que comanda en San Francisco Luis María Viaut, quien sigue recibiendo por estos días informes de la investigación que se inició mediante una denuncia de la Afip al detectar facturas y tickets fiscales apócrifos que tenían como fin la evasión de impuestos a las ganancias e IVA.

Según palabras de los investigadores –también actúan dos fiscalías federales de Córdoba capital- se descubrió una presunta red de usinas de facturas falsas, que tendría ramificaciones en todo el país.

Maximiliano Hairabedian, fiscal federal N° 3 de Córdoba, confirmó en declaraciones radiales que fueron 80 personas físicas, jurídicas o sociedades creadas para facturar las “que generaron unas 14 mil facturas truchas que eran compradas, principalmente, por empresarios y por comerciantes que las usaban para simular operaciones y eso les generaba beneficios”.

Con estas facturas “truchas”, entre los años 2017 y 2020 se evadieron impuestos por unos $430 millones, según señaló la Afip esta semana.

“Era una banda de personas que se asociaron para tener una usina de facturas, es decir, generar facturas falsas. Ya sea porque las personas que aparecen no tenían la capacidad contributiva para hacerlo o, si bien se dedicaban, no hacían las facturas”, explicó.

Del mismo origen de esas usinas, se detectaron facturas truchas en la contabilidad de varios municipios.

Fuentes de la Justicia Federal de San Francisco confirmaron a El Periódico la semana pasada que entre los usuarios detectados se encontrarían además tres municipios de nuestra región, que también se sumaron a la metodología de generar facturas falsas para declarar gastos en actividades municipales. Sin embargo, este martes las fuentes indicaron que podrían ser más.

En esta causa ya hay dos casos testigo: las imputaciones de los intendentes de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano del Valle Canto. A estos se los investiga, no como miembros de la asociación ilícita fiscal, sino que se encuentran imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También hay otros funcionarios como partícipes necesarios.

Según Hairabedian, en algunos casos los municipios operaban con cifras bajas: “Puede ser que algún proveedor haya facturado a un municipio valiéndose de estos elementos apócrifos, pero había puntualmente dos organismos que tenían una gran cantidad de montos facturados que provenían de estas usinas de facturas apócrifas”, subrayó el funcionario judicial.

La referencia del fiscal federal de Córdoba es hacia el municipio de Saldán, donde Canto habría retirado fondos sin la contraprestación correspondiente y valiéndose de estos comprobantes falsos. Salibi, en cambio, no está comprometido por su municipio, sino porque, junto con Canto, habría retirado fondos sin justificarlos debidamente de la Comunidad Regional Colón.

En ese organismo, Canto era presidente y Salibi, secretario general. “Lo que tenemos por ahora desde la fiscalía es una sospecha que surge de la investigación de Afip”, dijo el fiscal Nº 3.

Consultadas las fuentes locales sobre si los municipios apuntados en nuestra región habrían operado de manera similar, la respuesta fue afirmativa.

Filtración

Desde los despachos de la fiscalía de San Francisco devuelven hoy un “esto recién empieza” al ser consultados sobre la marcha de la causa, por lo que piensan que habrá más de lo que ya hubo.

Fuentes confiaron a El Periódico que además de la información que surge y debe surgir aún de los allanamientos, las escuchas telefónicas son un elemento importante en la investigación y que determinarían que se filtró información sobre cómo iba a hacer el accionar de la Justicia la semana pasada. ¿Por qué? Hay convencimiento, generado por la prueba recolectada, de que estudios contables fueron avisados de antemano y pudieron ocultar documentación clave para la causa. Básicamente, se piensa, una maniobra entre contadores.

Los detenidos

Entre los detenidos se encuentran los contadores Miguel Montali, de San Francisco, y Domingo Benso, además gerente del Grupo Cooperativo Devoto. También quedaron a disposición de la Justicia Lucas Zoppetto (contador), de nuestra ciudad; Diego Manzotti (contador) y Mauricio Pizzi (sería ex empleado del grupo cooperativo), este último junto a su esposa María Abtt, de Devoto; Omar y Agustín Gianelli (de un estudio jurídico contable) y Pablo Barbieri, de la ciudad de Morteros.

La investigación es llevada adelante además por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y el Ministerio Público Fiscal, y se apunta a estudios contables y empresas.

Metodología e impacto

Lo que se trata de corroborar es la existencia una banda organizada para cometer estos delitos impositivos, vinculada a contadores de Córdoba capital y de San Francisco. Entre las metodologías utilizadas se encontraría la apropiación de la clave fiscal de personas sin capacidad contributiva, con el fin de generar las facturas falsas que habrían sido utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes. Además mencionaron la creación de empresas fantasmas, sin capacidad económica ni movimiento bancario, que también se usaban para facturar.