“Algunos se metieron en el patrullero solos”, confía una fuente de la investigación que intenta determinar si existió una asociación ilícita fiscal en nuestra ciudad y región, más otras localidades de la provincia y el país, en base a metodologías fraudulentas utilizadas por estudios contables y empresas. Según la información recolectada, se pudo determinar que las maniobras registradas en el transcurso de la presente investigación ascenderían a un monto estimativo de $2.000.651.003 pesos (neto) y $290.000.478 (IVA) aproximadamente. Una evasión millonaria.

La causa, que tiene nueve detenidos en nuestra región de más de 30 en todo el país, puso nervioso por estos días a más de uno que personalmente o por terceros se acercaron a la Justicia Federal de San Francisco con intención de conocer o averiguar cómo proceder ante la investigación. Lo más llamativo es que estas personas no estaban, hasta ese momento, señaladas. “Es que nos nombran en algunos lugares”, contó la fuente que fue la respuesta ante el breve interrogatorio de los investigadores.

El caso entró en un impasse el último jueves ya que, según pudo conocer El Periódico, el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, pidió una prórroga hasta el próximo lunes al juez federal local, Pablo Montesi, para lo que se denomina "requerimiento fiscal de instrucción", el paso inicial de toda investigación judicial. Este pedido, cabe destacar, se realiza cuando hay pruebas de la concurrencia de uno o más delitos. Con este proceder, el fiscal requiere al juez que inicie un proceso penal investigativo.

Por otra parte, las fuentes consultadas informaron que son unas 2.700 las facturas falsas a través de las cuales se habría emitido documentación adulterada en nuestra región por más de $2.800 millones.

Usuarios y municipios

La investigación es llevada adelante además por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y el Ministerio Público Fiscal, y se apunta a estudios contables y empresas.

Mientras tanto, Viaut aprovechará la prórroga de estos días para seguir revisando documentación e informes que le siguen llegando sobre las diferentes operatorias y la identidad de quienes las realizaban. Según trascendió extraoficialmente, entre los usuarios detectados se encontrarían además tres municipios de nuestra región al generar facturas falsas que habrían sido utilizadas para declarar gastos en actividades municipales.

Cabe destacar que con estas facturas “truchas”, entre los años 2017 y 2020 se evadieron impuestos por unos $430 millones, según señaló la Afip esta semana.

Metodología e impacto

Lo que se trata de corroborar es la existencia una banda organizada para cometer estos delitos impositivos, vinculada a contadores de Córdoba capital y de San Francisco, informaron a El Periódico fuentes de la investigación, destacando entre las metodologías utilizadas la apropiación de la clave fiscal de personas sin capacidad contributiva, con el fin de generar las facturas falsas que habrían sido utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes. Además mencionaron la creación de empresas fantasmas, sin capacidad económica ni movimiento bancario, que también se usaban para facturar.

Según se desprende de la investigación, la estafa fue hacia personas de bajos recursos económicos, ya que al utilizarse su nombre y su clave fiscal para hacer estas facturas, en muchos casos dejaron de percibir beneficios que eran de carácter alimentario, tales como la Asignación Universal y más acá en adelante el IFE. En algunos casos, al desconocerse la maniobra, se encontraron luego con deuda ante la Afip. Estos hechos motivaron denuncias no sólo en nuestra región, sino en otras provincias.

El fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, fue uno de los que se refirió públicamente a la causa que se investiga y sostuvo en declaraciones a los medios que estas personas “pasaban de ser simples monotributistas o desempleados a empresarios, ya que figuraban como titulares de empresas fantasmas que generaban facturas falsas, simulando actos comerciales que nunca se realizaban. Las facturas eran vendidas a distintos empresarios para que las utilizaran en el descargo de sus impuestos de IVA en las Declaraciones Juradas, logrando pagar menor cantidad de impuestos a cambio de una comisión a esta banda que funcionaba como una usina de facturas”.

Los detenidos, en Córdoba

Al menos nueve detenciones se produjeron el pasado lunes en el marco de los allanamientos realizados por Gendarmería Nacional y la Afip en San Francisco, pero también en localidades de la región como Devoto y Morteros, del lado de Córdoba, y Frontera en la jurisdicción santafesina.

Entre los detenidos se encuentran los contadores Miguel Montali, de San Francisco, y Domingo Benso, además gerente del Grupo Cooperativo Devoto. También quedaron a disposición de la Justicia Lucas Zoppetto (contador), de nuestra ciudad; Diego Manzotti (contador) y Mauricio Pizzi (sería ex empleado del grupo cooperativo), este último junto a su esposa María Abtt, de Devoto; Omar y Agustín Gianelli (de un estudio jurídico contable) y Pablo Barbieri, de la ciudad de Morteros.

Todos están alojados y detenidos en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de Córdoba. Si bien designaron a sus abogados defensores, no fueron imputados oficialmente ni tampoco indagados, lo que se produciría entre lunes y martes próximos.

En el marco de la misma causa, los fiscales federales de Córdoba Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian promovieron acción penal contra los intendentes de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano del Valle Canto, como coautores del delito de "defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública".