La seccional San Francisco de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) pidió al municipio modificar los requisitos para la apertura de establecimientos privados para hospedar adultos mayores. Además, su titular Gabriela Sidler reclamó a la autoridad sanitaria local que realice mayores controles ya que aseguró haber detectado "anomalías" en el funcionamiento de dichos establecimientos.

Según datos del municipio local, San Francisco cuenta con 22 residencias de adultos mayores, en las que se alojan 338 residentes y hay cerca de 150 personas que realizan tareas de acompañamiento. Aunque según ATSA, existen más de 30, muchos de los cuales “se encuentran en situación irregular y con personal no registrado", advirtió Sidler.

La ordenanza que regula la instalación y funcionamiento de establecimientos privados para hospedar adultos mayores es la número 6309 y data del año 2012. Pero según la gremialista, la norma necesita ser actualizada y reclamó trabajar en conjunto con el Gobierno local para “adaptarla a la nueva realidad y mejorar la calidad de los trabajadores y los abuelos”.

Modificaciones

“Cada persona que quiere instalar un geriátrico necesita ir a la Municipalidad para pedir habilitación, que consta de diferentes partes. La ordenanza exige que para obtener la autorización debe tener personal registrado e idóneo para tal fin. Y este es el problema. El 90% de los geriátricos no tiene el personal inscripto”, aseguró la titular de ATSA a nivel local.

Para Sidler uno de los problemas reside en el primer artículo de la mencionada ordenanza que permite la habilitación a aquellos lugares que “alberguen personas de ambos sexos de edad avanzada, en cantidad mayor a tres, con fines de reposo o alojamiento de los mismos”.

“Si el municipio modificara la ordenanza en la cantidad mínima de residentes que debe tener, esto permitiría que no cualquiera ponga un geriátrico. Además creo indispensable que el titular del establecimiento debe tener requisitos mínimos vinculados a la salud”, agregó.

Sidler consideró necesario redefinir la cantidad de personal necesario para permitir las habilitaciones y de qué tipo de geriátrico se trata: “Si es para personas autoválidas (independientes), autodependientes (necesitan que lo bañen, que les den de comer, personas postradas o en silla de ruedas) o semidependiente (que los vistan, los cambien, los bañen) eso no está regularizado. Para mi criterio, todos deberían ser semi y autodependientes porque si no sería un hogar de tránsito”, sostuvo.

Controles

Ante las restricciones por la pandemia de coronavirus, el gremio se vio imposibilitado de realizar inspecciones en dichos establecimientos desde el mes de marzo y según Sidler se encontraron con la denuncia de varias irregularidades.

“Al no poder realizar inspecciones nos encontramos con que muchas veces los propietarios de geriátricos han tomado gente que las mantienen en negro, les pagan 15 mil pesos por mes y eso constituye un abuso laboral. Pero no solo eso, esto genera que las condiciones de salubridad para los abuelos no sean las ideales”, advirtió.

Y añadió: “El municipio es el único órgano de control que puede realizar inspecciones. En estas semanas he realizado denuncias por las condiciones salariales de las trabajadoras y por la falta de insumos, pero no nos dejan ingresar a inspeccionar”.

También se refirió a las "anomalías edilicias" que presentan varios establecimientos, por lo que la gremialista defendió la importancia de hacer un relevamiento que les brinde la información que están buscando.

"Yo entiendo que estamos en una situación difícil en este momento pero no podemos permitir que a la gente la usen por necesidad pagándole sueldos de miseria y además no se atienda como corresponde a nuestros adultos mayores. Estamos tratando con personas y con su salud, no es cualquier cosa", cerró.