El intendente Ignacio García Aresca firmó el convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, para el control de las prisiones domiciliarias a personas con residencia en nuestra ciudad y que se vienen otorgando a través del Poder Judicial. Hasta el momento, según informaron desde la Secretaría de Gobierno municipal, que será la autoridad de aplicación, son unas diez las otorgadas actualmente.

La iniciativa fue aprobada por mayoría, ya que previamente los cinco ediles opositores, que responden a tres bloques, abandonaron la sala con la justificación de que muchos de los proyectos que presentó el Ejecutivo para debatir este jueves fueron enviados con pocas horas de antelación y no pudieron ser estudiados.

De esta manera, San Francisco se convierte en una de las primeras ciudades del territorio provincial en colaborar con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba para el control de prisiones domiciliarias otorgadas por los órganos judiciales competentes de Córdoba.

Firma del convenio

Este viernes, el mandatario municipal junto al secretario de Gobierno, Damián Bernarte,  mantuvieron una reunión virtual con el Ministro de Justicia, Julián María López, donde se llevó a cabo la firma de este convenio de colaboración institucional, que acuerda que por razones de la actual emergencia sanitaria y mientras duren las medidas de prevención epidemiológica en relación al COVID-19, se establece la realización de tareas de control a persona con prisión domiciliaria en nuestra ciudad.

Bernarte explicó que “el intendente, desde hace ya varias semanas está en contacto con el Ministro de Justicia porque, debido a la pandemia, se está viendo afectada la tarea de control de las prisiones domiciliarias del servicio del Patronato de Liberados. Esta es una actividad muy puntual, muy específica de control y la reducción del personal por la pandemia,  hace que el Ministerio de Justicia solicite la colaboración de los municipios para poder llevar adelante la tarea de verificación del cumplimiento de las condiciones en las que normalmente los Juzgados de Ejecución de sentencia establecen para otorgar prisiones domiciliarias, expresó el funcionario.

Por seis meses

Respecto a la duración del acuerdo, se establece por un período de seis meses, con renovación automática mientras duren las medidas sanitarias.

“La duración del convenio será hasta que finalice la situación de pandemia ya sea para evitar el traslado de personal de Córdoba hacia nuestra ciudad o por la reducción de quienes prestan el servicio en el Patronato de Liberados por ser personas consideradas de riesgo ante el contexto epidemiológico. Es sólo para prisiones domiciliarias, que por el momento serían alrededor de 10 casos que se encuentran bajo la órbita del Tribunal de Ejecución de sentencia de San Francisco. Esto viene a marcar el concepto de interacción permanente entre gobierno de la provincia y el gobierno municipal, haciendo un trabajo en conjunto de continua colaboración. El gobierno provincial, en este caso particular, necesita de la colaboración del estado municipal, por ello se ha comprometido en prestar ayuda para una tarea que es indispensable e impostergable”, concluyó Bernarte.