Merenderos, comedores, espacios sociales de educación no formal y hasta simples ollas populares que calman el hambre en la cuadra. Todos ellos unificados por un común denominador: ser ignorados por los gobiernos comunales que no perciben que esa ayuda invalorable nos salva del desastre social.

Sin ser provistos de materia prima, con logística barrial y coordinando acciones con otros espacios, ellos alimentan a miles de familias de las afueras silenciosas, invisibles, frente a un poder impasible que dice servir a la comunidad pero que no atiende sus reclamos.

Las políticas sociales en el núcleo San Francisco-Frontera adolecen de un elemento fundamental: la participación ciudadana reconocida de hecho y derecho como acción social indispensable en tiempos de crisis económica y sanitaria.

No hay ayuda presupuestada para esos espacios comunitarios de alimentación o contención, no hay padrones ni registros de usuarios, no hay condiciones habitacionales decentes donde ejercerlas. Pero igual existen y se multiplican. Desprolijos e improvisados, faltos de todo, opacas sus ollas y brillante su dignidad de autodefensa, supervivencia y con mano siempre tendida al vecino en desgracia.

Obligados a escapar de ser colonizados por partidos que los convierten en arietes de sus campañas, a negociar para no ser barridos y  a mantenerse en pie dignamente, capean el temporal fabricando sus propios barbijos, fraccionando su propio repelente contra el dengue, repartiendo frazadas, mochilas, cuadernos, cortando el cabello a les pibes y haciendo denuncias por motivos domésticos que nunca prosperan.

¿Y nuestros servidores-representantes?

Solo presencia aislada, propagandística, publicitaria, con poco contenido material y mucho flash, pose y auto-promoción a costa de aquellos para los cuáles el ascensor social está penosamente roto.

A tono con tiempos neoliberales y neoconservadores que no terminan de irse, el problema del acceso a los alimentos y la satisfacción de necesidades alimentarias parece tener un dictamen tácito para estos gobiernos comunales: que lo resuelvan los damnificados con iniciativas propias de autofinanciamiento.

Asistimos en los últimos tiempos a cambios  discursivos donde se plantea un cuestionamiento a la validez del concepto de derecho social, sustituido por el de deber moral de aquellos que están en condiciones materiales de ayudar. Esto deja a las políticas sociales encomendadas a la suerte de donaciones particulares.

Tiempos oscuros para los de abajo vaticina el escenario en el que solo la beneficencia, forma pre-estatal de acción social y negación de la justicia social, los mantenga vivos.

Gobiernos de derecho que delegan de facto a las organizaciones brotadas de la iniciativa solidaria la solución de problemas que requieren la presencia ineludible del Estado, mueve a pensar que los presupuestos de ayuda social un día podrán ser reemplazados por el trabajo voluntario. Millones de pesos ahorrados en sueldos y cargas previsionales se convierten en trabajo no remunerado que pesa sobre las espaldas de aquellos que se esfuerzan en ayudarse a sí mismos y sus pares. 

No sería desatinado probar estrategias de intervención en la cadena alimentaria, apoyo financiero a la producción de alimentos para el auto consumo a través de adquisición de hornos, máquinas de coser, parcelas e implementos para unidades de agricultura comunitaria, habilitación de ferias de productor a consumidor sin intermediarios e incentivos para los emprendimientos ambientalistas que también generan trabajos dignos.

Las políticas sociales deben consensuarse con las organizaciones barriales. Sin ellas, solo serán (son) de corte netamente asistencial con criterios clientelísticos para mantener como horizonte el perdurar en el poder y no modificar sustancialmente la problemática social. Serán solo un disciplinador, un mecanismo de control social, nunca motor de progreso.

Estos espacios deben ser oídos e incluidos porque son naturales correas de transmisión entre el Estado y el ciudadano. Descartarlos por no ser cuadros orgánicos del partido solo logra que la sociedad pierda un elemento valioso para la satisfacción de necesidades.

Nuestros servidores públicos, quienes podemos comer, quienes intentan hacerlo y a duras penas lo logran, merecemos un pacto democrático renovado, demostrando que la política está para mejorar la vida de la gente. Caminar en ese rumbo solo precisa caminar con los que van más despacio, no con los que van adelante, sino con los que van atrás.

                                                                                                                                    Gonzalo Giuliano Albo