“Estos sucesos revictimizantes no pueden volver a ocurrir jamás”

Cuando a Alfonso Antonio Puntonet (60) lo condenaron a 8 años y tres meses de prisión el 19 de febrero de 2019, en el marco de un juicio abreviado por abuso sexual, su hija, su principal víctima, cerró un ciclo muy doloroso de su vida. Según describe la joven de 26 años, halló la paz y de manera “legítima” en un proceso judicial. Pero, el destino la volvió a poner ante un difícil escenario.

Hace un mes su padre, quien ante la Justicia reconoció su autoría en el hecho que se le imputaba y por el cual estaba en la cárcel, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por padecer una cardiopatía en el marco de la crisis sanitaria por el coronavirus. La decisión fue de la jueza de Ejecución Penal de tribunales de San Francisco, María Teresa Garay.

Así, la paz obtenida por Florencia aquella vez mutó en una pesadilla que terminó el pasado jueves, cuando la misma magistrada revirtió la medida.

“Anoche (por el jueves) mi familia y yo pudimos dormir con mayor tranquilidad. En lo personal, desde hace un mes, transité un indeseado camino de revictimización hacia mi persona y es aliviador que la señora jueza haya vuelto sobre sus pasos y enmendado su error, revocando la medida. No obstante, la mala praxis existió, eso significó una situación traumática para mí y me llevará tiempo reconstruirme”, aseguró la joven a El Periódico.

La angustia que devino de la excarcelación  

“Me enteré por comentarios de terceros de la decisión de excarcelarlo. Fue una situación de desconexión, un bloqueo profundo, me sobrevino mucha angustia”, recordó Florencia, quien en 2008, cuando tenía 14 años sufrió los abusos.

“Escuchar de pronto que esta persona estaba ‘libre’, de esa manera coloquial, tan informal, fue realmente muy traumático”, relató en diálogo con El Periódico.

Puntonet, hay que mencionar, no quedó libre sino que le concedieron la prisión domiciliaria, que cumplió durante casi un mes en un domicilio de barrio Hospital de nuestra ciudad junto a su actual pareja. Más allá de la decisión, que la joven también pidió que se revea, la desprolijidad al momento de comunicársela es lo que la afligió y lo consideró una “mala praxis” por parte de la magistrada, quien el miércoles que pasó debería haber enfrentado un jury de enjuiciamiento por su decisión, el cual se terminó suspendiendo.

Sin embargo, este jueves Garay dio marcha atrás con el beneficio y pidió que el condenado sea alojado otra vez en dependencias de la Unidad Penitenciaria nº 7, enviándolo ahora a un pabellón especial en el que las personas que realizan tratamientos en hospitales extramuros pueden retornar y quedar aisladas del resto de la población carcelaria.

Demora en la comunicación

El pasado miércoles, la Comisión de Juicio Político de la Legislatura provincial se iba a evaluar el inicio del jury de enjuiciamiento a Garay, pero fue suspendida ya que se trató la reforma previsional.

La jueza de Control llegaba a esta instancia acusada por mal desempeño tras haber otorgado dicha prisión domiciliaria y no haberle informado previamente a la víctima la decisión de excarcelar a su victimario. Este medio intentó varias veces que pueda dar su descargo al respecto, sin éxito.

Públicamente, a través de un escrito presentado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la jueza dijo que no lo hizo porque el número que figuraba en el registro judicial no se correspondía con la hija del acusado. También aseguró que le fue imposible contactar a los dos abogados que la representan.

Florencia recordó que el jueves 23 de abril se enteró por terceros que su padre salía de la cárcel, pero que recién seis días después recibió un “llamado telefónico informal” desde Tribunales de San Francisco anoticiándola sobre la resolución: “Fue un llamado complejo y violento porque me discutían acerca de la Ley de Víctimas (27.372), que conozco y sostiene que debía haber sido notificada antes de la acción y no posteriormente. Además, mediante un escrito me llegó la notificación el 7 de mayo”.

“Agradezco muchísimo todo el apoyo recibido de manera exponencial, por parte de mi familia, mi abogado, gente querida y cercana, medios de comunicación, toda la sociedad. También la Legisladora Carolina Basualdo, que tomó la iniciativa al denunciar esta mala praxis; a Claudia Martínez que me ofreció su acompañamiento desde el Ministerio de la Mujer, y aquellos actores y actoras políticas que apoyaron mi pedido de Justicia”

Sobre el descargo de Garay, donde sostiene que le fue imposible establecer la comunicación para ponerla en aviso de la excarcelación, Florencia dijo: “Considero que realizó una mala praxis al no notificarme de tal suceso y de lo que me generó que fue una situación traumática. Alude a un llamado telefónico y que no puede dar con mi número, pero este se encuentra en los expedientes, nunca cambié la línea”, cuestionó.

Volver a luchar

Unos siete años pasaron para que Florencia dejara de reprimir lo vivido con su padre biológico en la localidad de Las Varillas, de donde es oriunda.

En 2015 se animó a concretar una denuncia y comenzó el camino legal con la compañía de la Justicia –aclara- llegando a un juicio abreviado en el que Puntonet se declaró culpable y fue condenado a prisión efectiva. Eso, afirmó, le trajo paz.

“El camino fue largo y ese proceso me brindó de manera legítima la paz que buscaba. Por eso pido que la jueza (por Garay) pueda hacerse cargo de su accionar que considero irregular”, reclamaba previo a conocerse el fallo del último jueves.

Cabe destacar que la prisión domiciliaria establece requisitos para proceder, entre los cuales están las razones de salud y la edad. No obstante, para la entrevistada el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debía rever la medida. Según la joven, su padre es una persona “que ejerció violencia de género durante décadas y es perniciosa”. Además destacó que no llevaba una tobillera electrónica y dudó sobre su control, ya que debía realizar salidas periódicas al Hospital Iturraspe para su tratamiento cardíaco (reemplazo de válvula aórtica y anticoagulado): “Podía tomar un taxi o remise como cualquier persona para moverse”, reveló.

A Puntonet le faltan siete años para cumplir la condena, un detalle no menor.

“Yo estaba viviendo una vida normal como todo el mundo con la condena. Pero esto que pasó me superó totalmente, me dejó sin palabras, me bloqueó”, manifestó la joven que reside en Córdoba.

En todo este tiempo aseguró que debió ir reinventándose, sacando fuerzas para seguir luchando y conseguir nuevamente la paz, la que le llegó en estos días.

“Este mes que pasó me enseñó que no sólo hay que conseguir la paz, sino también cuidarla. Y en ese sentido continuaremos observando el proceso de cerca, ya que el señor (en referencia a su abusador) tiene un pedido de prisión domiciliaria efectuado en noviembre de 2019 (Ver aparte), pendiente de resolución. Respecto al jury de enjuiciamiento, continuaremos esperando que se expidan las autoridades, ya que la falta existió”, indicó Florencia, para quien “estos sucesos revictimizantes no pueden volver a ocurrir jamás. Es imprescindible para que las víctimas se animen a hablar, emprendan su camino reparatorio de sanación y que la Justicia las escuche”, cerró.

Dos pedidos de domiciliaria

El último pedido de prisión domiciliaria de Puntonet no fue nuevo. Sus abogados ya lo habían solicitado en diciembre pasado exponiendo que el estado de salud de su defendido era delicado. “Tiene una válvula mitral en su corazón, por lo tanto considero que es falible una atención meticulosa de la salud en su domicilio porque en el Servicio Penitenciario no se le puede brindar la atención de un especialista y llevar adelante una dieta especial”, fundamentó uno de sus defensores.

Aquella vez, los argumentos no fueron tomados por la jueza Garay, quien el mes pasado cambió de parecer en coincidencia con la crisis sanitaria, aludiendo en su descargo haber recibido el visto bueno del Servicio Penitenciario de San Francisco, ya que el recluso hacía salidas periódicas al hospital para realizar su tratamiento.

Según Garay, esta circunstancia aumentaba no sólo el contagio de coronavirus para el interno, sino también “para los alojados en el mismo pabellón y personal penitenciario de contacto”.

Pese a ello, desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la situación actual no impedía el correcto tratamiento del condenado ya que, a pesar de ser población de riesgo de Covid-19, no hay circulación viral en la cárcel, ni en la ciudad.