Detectan irregularidades en subasta de inmuebles durante gobierno de Macri

Más información 14 de mayo de 2020
Según un informe de la Sindicatura General de la Nación se detectaron remates de inmuebles por precios menores a su valor de tasación, con un perjuicio de 75 millones de dólares al Estado.
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La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó supuestas irregularidades en subastas de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional durante la gestión de Mauricio Macri, lo que derivó en un perjuicio para las arcas públicas de unos 75 millones de dólares.

El informe, que también fue remitido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, relevó un total de 21 subastas sobre 54 operaciones efectuadas entre marzo de 2017 y abril de 2018, en las cuales “se detectó la adjudicación de inmuebles por precios menores a su valor de tasación”, indicó hoy la SIGEN en un comunicado.

Las subastas auditadas se seleccionaron “de acuerdo a criterios como el monto total y la diferencia entre el valor de tasación y el valor de adjudicación, y se determinó que en 16 de esas 21 operaciones se comprobó una diferencia negativa entre el valor de tasación y el monto en el cual los inmuebles fueron finalmente adjudicados”, señaló el comunicado.

Indicó que “el total de la tasación ascendió a 396 millones de dólares mientras que el monto efectivo en el que fueron vendidos alcanzó los 322 millones de dólares, lo que determinaría una pérdida para el patrimonio nacional cercana a los 75 millones de dólares".

"Entre las firmas que compraron bajo el precio de subasta figuran, entre otras, Consultatio Argentina SAU y TGLT”, añadió.

Como argumentación del remate de esos activos, “desde la AABE se había señalado la aplicación del artículo 578 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la subasta por dos tercios del valor del inmueble”, agrega.

Destacó que “sin embargo, los técnicos de la SIGEN consignaron que esa normativa está prevista para el cumplimiento de sentencias de remate en juicios ejecutivos, situación que no se ajusta a los procedimientos de las subastas en cuestión”.

La Oficina Anticorrupción deberá ahora “definir el rumbo a seguir con estas actuaciones”, precisó la SIGEN.

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