Córdoba tiene 1.514 condenados en el registro de violadores

Política 11/04/2017
Por ley, organismos públicos que trabajen con menores están obligados a pedirlo.
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El dato tiene relación con el asesinato de Micaela García supuestamente a manos de un violador, por quien ayer hubo una marcha en Córdoba.

Desde que entró en vigencia el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual, a fines de 2010, hay anotadas 1.514 personas que cumplieron o están a punto de cumplir condenas por esta causa.

El dato tiene relación con el asesinato de Micaela García en Gualeguay (Entre Ríos), supuestamente a manos de un violador que había salido en libertad condicional a instancias de un juez, que es duramente cuestionado desde distintos frentes.

En ese marco, ayer hubo manifestación en el centro de Córdoba capital para reclamar justicia para la víctima y hoy está prevista otra marcha en Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires.

El denominado “registro de violadores” funciona en dos ámbitos: el Ministerio de Justicia y la Policía provincial. El primero recopila los datos y el otro hace el seguimiento del condenado que recuperó la libertad.

Córdoba es uno de los pocos lugares que tienen una herramienta de este tipo, que además obliga a los organismos públicos cuyo trabajo involucra a menores de edad a exigir certificados de antecedentes sexuales.

La ley dispone que la inscripción en este registro “importa la prohibición absoluta y automática para desempeñarse en servicios públicos o semipúblicos en los que estuviesen involucrados menores de edad”. Y, además, la prohibición se aplica a quien “pretenda incorporarse a establecimientos educativos de cualquier nivel y cualquiera sea la función que ejerzan. También quedan comprendidos los transportes privados de menores de edad”.

En ese marco, la secretaria de Justicia de la Provincia, Laura Echenique, remarcó: “Puede ser un trámite engorroso, pero cada vez más hay que concientizar a los empleadores para que exijan este certificado. Es un indicio más y me apresuro a decir que esta ley no vulnera las garantías constitucionales de quienes ya cumplieron una condena por esto. Pero estamos alertas, por las características de este delito. Por eso, cada 30 días deben reportarse a la Policía. Esto deben hacerlo durante cinco años cuando se trata del primer delito, y 10 años cuando es reincidente”.
Fuente: La Voz del Interior

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