Gonella deja la Procelac y vuelve a una fiscalía en Córdoba

Policiales 30/04/2016
Gonella deja la Procelac y vuelve a una fiscalía en Córdoba

Luego de desempeñarse durante cuatro años como fiscal antilavado al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella pasará a trabajar en la Unidad de Litigios Estratégicos, destinada a colaborar con causas relevantes, y posteriormente volverá al Tribunal Oral Federal 2 en la ciudad de Córdoba.

El fiscal, nacido en Oliva, pero criado entre Villa María y Villa Nueva, había quedado en el ojo de la tormenta en 2013 acusado de haber excluido al empresario kirchnerista Lázaro Báez y a sus dos hijos de la investigación por lavado de dinero, algo que siempre negó y por lo cual todavía se encuentra en proceso judicial, pese a su pedido de que se eleve rápidamente a juicio oral para poder exponer sus pruebas.

"No renuncié ni me renunciaron; doy un paso al costado. Se cumplió un buen ciclo y comenzó otro", aseguró Gonella a Infobae, quien ahora repartirá su trabajo entre la Unidad de Litigios Estratégicos y la fiscalía en los Tribunales de Córdoba.

"Estoy conforme con mi desempeño al frente de la Procelac. Pudimos avanzar en pesadas causas de delitos economicos de los que antes no se hablaba seriamente. Siempre se apunta a criminalizar al pobre, pero difícilmente se avanza contra el poder económico, y nosotros pudimos hacerlo. Obviamente eso tuvo un costo político para mí. Me hicieron varias denuncias, casi todas desestimadas por la Justicia”, agregó.

Por otra parte, el fiscal reiteró que en llamado caso de la "ruta del dinero K", sólo tuvo en sus manos la causa por 48 horas, y que jamás pidió apartar a Báez de la investigación.

En la Unidad de Litigios Estratégicos intervendrá en causas complejas que se eleven a juicio oral y que, por ejemplo, involucran narcotráfico, trata de personas o lavado de dinero.

En la Procelac

Al frente de esta fiscalía especializada, desde 2012 investigó delitos económicos a gran escala, como la evasión de impuestos en la venta de “soja negra”, lavado de dinero u operaciones en cuevas financieras, y también complejas operaciones delictivas millonarias en las que intervienen bancos o fondos buitres.

En 2015 presentó una denuncia por un posible fraude millonario hacia el Estado por parte del Grupo Marsans, el fondo buitre Burford y el estudio de abogados argentinos Fargosi en el marco de la expropiación de Aerolíneas Argentinas; e impulsó una investigación por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina de las Islas Malvinas, por la cual la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, ordenó embargos por más de 156 millones de dólares sobre los bienes y activos de empresas británicas y estadounidenses.

Anteriormente, fue fiscal en la megacausa de La Perla por delitos de lesa humanidad y logró la primera condena a prisión efectiva por el delito de lavado de dinero de origen delictivo en todo el país.

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